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Conferencia de prensa: una cosa es el diálogo y otra es la negociación

CONFERENCIA DE PRENSA DE MARCOS

Julio Moguel, Ricardo Alemán y Víctor Ballinas, San Cristóbal de las Casas, Chis. [LJ, 27/ii]. La reforma del artículo 27 de la Constitución se ha planteado en la mesa del diálogo de San Cristóbal de las Casas como demanda zapatista. «Este punto parece ser uno de los más difíciles», dijo el subcomandante Marcos a los enviados de La Jornada, en una entrevista nocturna realizada en la Catedral de la Paz. «Una cosa es el diálogo y otra la negociación», agregó el jefe militar del EZLN, por lo que cabe aclarar, en contra de la nota ofrecida por diversos medios, «que hasta el momento el gobierno no ha resuelto ni el 1 por ciento de nuestro pliego; ha contestado al 50 por ciento pero no se ha cumplido nada. Lo único que se ha ganado es que estemos sentados aquí, discutiendo una agenda».

El subcomandante también habló de la justicia, y explicó la diferencia de su aplicación en el medio indígena y en el de los mestizos. «Si tú matas a una gente en una comunidad indígena, es casi seguro que la comunidad te aplique el castigo de trabajar para la viuda. Ésa es tu condena. La justicia de los mestizos te mete a la cárcel, con lo que deja dos viudas». La contradicción entre el EZLN y la ARIC Unión de Uniones fue otro de los temas de la conversación. En torno de ello Marcos precisó que se trata en lo fundamental de diferencias surgidas con sus asesores, quienes «se prestaron a la campaña de contrainsurgencia». Con las bases de la ARIC la contradicción es secundaria o «se ha ido diluyendo», pues no surgió en lo fundamental «por el problema o la discusión sobre la vía pacífica o armada». Estos y otros aspectos relativos al campo y a las propuestas zapatistas sobre el tema en la mesa de San Cristóbal, son los que se abordan en esta parte de la entrevista.

-A principios de enero declaraste a la prensa que las reformas salinistas al artículo 27 constitucional habían sido determinantes en la decisión zapatista de desatar la guerra. ¿Cómo aparece este punto en particular en la mesa de las negociaciones? La demanda de reformar el artículo 27 y su ley reglamentaria, ¿queda ahora fuera de su pliego petitorio por tratarse de un tema nacional? En cualquier caso, ¿cómo se enlazan las demandas agrarias particulares del EZLN, en la región o en el estado, con el marco legal federal que define los límites o las posibilidades de los cambios que se proponen?

-Nosotros creemos tener ascendencia moral para tratar en el nivel nacional tanto el tema de la tierra como el de los indígenas. Así lo contemplamos desde el principio y así lo consideramos ahora. A eso aspiramos: a que junto con otras fuerzas podamos dar marcha atrás a la contrarreforma salinista en el terreno agrario, volviendo al espíritu de la legislación original o remodelando completamente el artículo 27 desde un Congreso Constituyente.

«La demanda concreta de nuestro pliego petitorio dice: «Regreso al espíritu del artículo 27 aprobado en Querétaro en 1917», donde se contempla lo planteado por Zapata, que es tierra y libertad, no a los latifundios. Te estoy resumiendo lo que dice este punto. Partiendo de aquí tenemos una demanda mínima y una demanda máxima. La mínima es, repito, que se anulen las reformas agrarias de 1991 y 1992; la máxima es que se lleve a cabo una amplia discusión con las organizaciones campesinas, con los estudiosos del tema, con el conjunto de la sociedad, para reformar el artículo 27 según las nuevas condiciones. Pero para ello, tanto en lo mínimo como en lo máximo, necesitamos un movimiento más grande, capaz de imponer lo que a nuestro parecer es un amplio consenso entre el campesinado y los pobladores mayoritarios del campo mexicano.

«En el plano concreto de la negociación, aquí en la mesa de San Cristóbal, este punto parece ser uno de los más difíciles. Lo más seguro es que el Comisionado busque alguna fracción del artículo 27 para de allí sacar las soluciones al problema concreto del estado (porque hay que decir, por cierto, que esto ya lo hemos ganado: que se discuta y resuelva en el nivel estatal y no solamente en los municipios zapatistas). Pero nuestro pliego petitorio plantea claramente la reforma federal, no alguna enmienda que sólo resuelva lo secundario.

«Lo que yo quiero que me entiendan es que una cosa es el diálogo y otra es la negociación. Porque algunos medios están manejando que ya se cumplió el 50 por ciento del pliego petitorio. La verdad es que hasta el momento el gobierno no ha resuelto ni el 1 por ciento de nuestro pliego; ha contestado al 50 por ciento, pero no se ha cumplido nada. Lo único que se ha ganado es que estemos sentados aquí, discutiendo una agenda. Eso tiene que quedar claro. Está por ejemplo el problema de la paz y del desarme. Los compañeros han dicho que no van a entregar las armas a cambio de un montón de papeles.»

-¿La reforma al artículo cuarto constitucional y la discusión y aprobación democráticas de su ley reglamentaria completaría el cuadro de sus demandas o exigencias en el terreno agrario? ¿Cuál es el sentido de sus propuestas de cambio legislativo en el tema indígena?

-Te voy a decir a qué aspiramos. Nosotros le pedimos al gobierno que haga una convocatoria muy amplia para discutir y aprobar en el Congreso el artículo cuarto, así como su ley reglamentaria. Nuestra propuesta queda pues definida en un nivel general, pero decimos que dicha reforma tiene que contemplar por lo menos algunos aspectos. Uno de ellos es que las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas puedan existir y ejercer sus funciones en un marco de legalidad. Por ejemplo, en las comunidades de la Selva y de Los Altos la autoridad es la asamblea, pero legalmente no. Tienes el caso de las cuestiones judiciales. Cuando ellos deciden castigar un delito el problema se arregla dentro de la comunidad. Pero entonces la sociedad o el Estado le impone o sobrepone al sujeto en cuestión un nuevo castigo, basándose en sus códigos y leyes. Nosotros decimos que si la comunidad ya castigó no tiene por qué haber otro castigo. Y ello debe ser reglamentado.

«Otro punto importante: hay regiones en Chiapas que tienen la hegemonía de una etnia. Entonces allí existe una sociedad y un gobierno subterráneo al gobierno que se le pone encima. Te voy a decir por ejemplo cómo elige el PRI a los candidatos a las presidencias municipales en Los Altos. La comunidad se reúne y decide quién entre ellos es el candidato del PRI, y ése va a ser el presidente. Entonces este partido lo registra, pero no hay elecciones; no se llega a las urnas. Automáticamente se llenan las boletas y no hay mayor problema, pues ya existe un acuerdo interno, como en el caso de San Juan Chamula. Allí se ponen de acuerdo los caciques y por tanto al PRI ya no le importa quién va a ser el candidato. Nomás lo registra, a sabiendas de que en el voto para el cacique va el voto para el gobernador, para el senador, para el diputado y para el Presidente de la República. Con esto vuelvo a lo que dije antes: ello provoca que el gobierno que existe abajo, que es el que funciona, no sea reconocido, provoca a la vez la corrupción. Lo subterráneo tiene que emerger.

«Otro caso es el de la justicia. Si tú matas a una gente en una comunidad indígena, es casi seguro que la comunidad te aplique el castigo de trabajar para la viuda. Ésa es tu condena. La justicia de los mestizos te mete a la cárcel, con lo que deja dos viudas. Eso ellos no lo pueden entender. Si vas y le haces daño al puerco o a la casa del otro, la justicia mestiza te mete a la cárcel. La justicia de las comunidades te pone a reparar el daño: tienes incluso derecho a comerte el puerco, pues ya lo pagaste. Hay, pues, una lógica muy lógica, que choca con el código penal.

«Puede haber muchos aspectos más pero no están puestos en la mesa de San Cristóbal. El gobierno se debe comprometer a convocar ampliamente para que se lleven a cabo las reformas constitucionales necesarias, y entonces allí van a entrar las propuestas de los mayas, de los yaquis, de los tarahumaras, así como de la gente que ha estudiado el problema.

«En lo que respecta a la democracia también planteamos demandas que cruzan desde lo local hasta lo nacional. Queremos que la sociedad civil sea la que tenga el mayor peso en, por ejemplo, la calificación de las elecciones. Ahorita el gobierno federal y el PRI tienen una mayoría aplastante en los órganos que regulan y deciden en torno de los procesos electorales. Una parte pequeña corresponde a los partidos. Nosotros decimos que un tercer factor de poder y decisión, el de personajes de prestigio y honestos de la sociedad civil, es el que debe tener un mayor peso. Que el poder de veto lo tengan ellos, no el gobierno o los partidos políticos. Así lo entendemos.

«En el plano municipal planteamos el nombramiento democrático de consejos. Ésta es la forma de gobierno que estamos proponiendo, que es la que impera en las comunidades. Y demandamos que las autoridades puedan ser removidas en el momento mismo en que las comunidades así lo decidan y se pongan de acuerdo. Podría ser a través de un referéndum, o de otros mecanismos parecidos. Y ellos quieren transmitir esa experiencia a todos los niveles: cuando el Presidente de la República ya no sirva debe ser automáticamente removido. Así de sencillo. Ellos entienden que si nos podemos poner de acuerdo entre tzeltales, tzotziles, choles o tojolabales que hablamos diferente, tendría que ser más fácil poner de acuerdo al país entero, si hablan lo mismo, castilla, pues. Esa es más o menos la idea a la que se aspira.»

-Volviendo al artículo 27: una de las cuestiones que introdujo la reforma salinista fue la eliminación de la propiedad patrimonial en los ejidos, y también en las comunidades, en la medida en que éstas tienen posibilidades de transitar al régimen ejidal. ¿Cómo contemplan este punto en particular en las negociaciones?

-En la mesa de San Cristóbal hemos defendido y ganado que la parcela se mantenga como patrimonio familiar. Y ello, hasta ahora, en lo que se refiere al lado indígena, que lleva a la formulación de la ley reglamentaria del cuarto constitucional. Para nosotros, además, la parcela debe estar exenta de todo gravamen. Pero el gobierno no parece querer aplicar esta formulación al artículo 27 pues, como decíamos antes, implica su reforma. Los problemas más serios de la negociación están aquí y, por supuesto también en la cuestión de la democracia.

-El CCRI del EZLN envió al Consejo de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas un comunicado donde se criticaba fuertemente a la ARIC Unión de Uniones, particularmente a algunos de sus dirigentes y asesores. ¿Cómo valoran ustedes ahora dicha contradicción? ¿Mantienen la crítica?

-Nosotros diferenciamos a la ARIC de sus asesores. Fueron estos últimos los que se prestaron a la campaña de contrainsurgencia. Usaron la radio local para hacer llamados a la delación, a hacer patria para que la gente entregara a su zapatista preferido. Fue en dicho marco en que el Comité decidió pronunciarse. Y aunque les haya parecido a ustedes muy radical, en realidad era muy mediador si lo medimos en relación con el sentimiento que había. Decíamos: está pasando esto, se nos van a echar encima y nos van a partir la madre. Pero ni modo, nosotros vamos a morir con dignidad y ellos con vergüenza.

«La contradicción no se abrió precisamente por el problema o la discusión sobre la vía pacífica o armada. Lo que realmente molestó a los compañeros fue cuando los asesores de la ARIC empezaron a tener una liga muy cercana con el gobierno. Empezaron a prestarse a campañas políticas, para candidaturas presidenciales; eso fue lo que los encabronó.

«Pero la cosa se ha ido diluyendo. Empezaron a haber acuerdos en las Cañadas. Ahorita nos llegó una carta de las autoridades de la ARIC, que quieren hablar con nosotros, pero ya no están los asesores en esa carta, ya nada más firman las autoridades. »

-Recientemente, las autoridades de la Sedeso y otros funcionarios presentaron en la ciudad de México un libro sobre el Programa Nacional de Solidaridad. Uno de los conferencistas señaló que el conflicto armado en el estado de Chiapas no ponía en tela de juicio a dicho programa; se dijo además que éste, más que eliminarse o modificarse sustancialmente, tendría que ser ampliado y mejorado. ¿Cuál es el balance de ustedes sobre el asunto?

-El Pronasol es una limosna mal dada; lo único que provocó fue corrupción. No resolvió ni un solo problema. Toda la ayuda se filtró como en un embudo, y se quedó en los líderes, así como en la estructura de mandos del gobierno federal, estatal, municipal. No llegó nada. Fíjate qué ridículo. En el gobierno de Patrocinio González, la única construcción de salud que se terminó fue el hospital Guadalupe Tepeyac, que cuenta con 40 camas para casi 25 mil personas.

«Entre las construcciones logradas de Solidaridad está el Cereso número 5, la cárcel de San Cristóbal, el cuartel de Rancho Nuevo, la otra cárcel de Yajalón, la de Tila. Son cárceles y cuarteles lo que se construyó con Solidaridad. También pintaron escuelas de blanco y les pusieron Pronasol. Pero dice el gobierno federal que sí mandó el dinero, nomás que no llegó. La verdad es que nunca se preocupó por ver si estaba llegando. Y todo mundo sabe que cuando vino Salinas a inaugurar el hospital de Guadalupe Tepeyac, cuando se fue la comitiva un camión que iba justo detrás se llevó parte de las cosas. Quedó un cascarón. Un hospital que no tiene agua.

«Nosotros vimos que desde que empezó el Pronasol estaba armado para revertir el 88. Estaba claro que los comités de Solidaridad se enfilaban como una estructura dirigida a comprar el voto. Procampo no es muy diferente: los funcionarios llegan a las comunidades y te dicen: fírmale allí, que vamos a entregarte el dinero en julio, es decir días antes de las elecciones. Los comités de Solidaridad se han convertido en comités pro-voto, en el marco de una estrategia de contrainsurgencia electoral.»

-El proceso de formación del EZLN ¿fue al mismo tiempo para ustedes un proceso de reformas o cambios sociales, económicos y culturales en las comunidades? ¿Tuvo algún efecto, por ejemplo, en la transformación de la relación entre los hombres y las mujeres?

-Sí. Por lo general los compañeros jalaban antes por separado, en los ejidos. Un ejido no se metía con el otro más que para pelearse y para poder robarse a las mujeres. Cuando entra el EZLN y se hacen las regionales, entonces varios ejidos empiezan a entrar en contacto, primero para cuidarse de las guardias blancas o de los judiciales, más adelante para ayudarse en cuestiones de salud y otras necesidades. Posteriormente para cuestiones organizativas, paramilitares y políticas, de estudio, o de organización económica, como cuando se juntan entre varios pueblos para conseguir una lancha, para hacer un puente colgante, o para trazar sus límites territoriales.

«Luego se da una relación entre una cañada y otra, la zona que decimos. Ésa también es una aportación del EZLN, consistente en el desarrollo de una unidad efectiva, no sólo de representantes sino de las comunidades. Pero ello no significa que el impulso viniera de fuera, sino de los zapatistas de allí mismo que desde adentro fueron promoviendo la organización, que es lo que nos da cohesión territorial.

«El cambio de patrón en el comportamiento de las mujeres es muy fuerte, considerando por supuesto las grandes diferencias que existen entre la mujer de la Selva y la de Los Altos. En el proceso de lucha la mujer aprende primero el español. Y sale de su casa. Tradicionalmente, cuando una mujer sale de su casa en las comunidades es que se va con un hombre; si se va con un grupo de hombres es una cualquiera. Pero esto cambia. Decíamos que primero aprende español; luego a sumar y a restar. Un día llega con un arma, y sabe manejarla, y te enseña. Luego llega con una estrella, después con dos. Más adelante te das cuenta que participa en una tropa de puros hombres, y luego ves que la obedecen. Eso motiva a otras mujeres, que preguntan: ¿Pues quién te lava la ropa? ¿Quién te cocina? Y ellas responden: a veces yo, a veces el compañero. El EZLN está compuesto por 33 por ciento de mujeres.»

(26 de febrero de 1994)

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