San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México
A 20 de junio de 2012.
Boletín de prensa No. 08
El Estado mexicano desconoce el involucramiento y responsabilidad en la desaparición forzada de Minerva y otras mujeres víctimas del conflicto armado interno en Chiapas.
El 20 de junio de 1996, Minerva Guadalupe Pérez Torres (en adelante Minerva), mujer del pueblo chol, quien entonces tenía 19 años de edad, se dirigía a la comunidad Masojá Shucjá, Tila para visitar a sus padres cuando, en el poblado Miguel Alemán, fue interceptada por un grupo de personas pertenecientes al grupo paramilitar Paz y Justicia. Fue detenida, agredida físicamente y conducida en la casa de un integrante de ese grupo paramilitar. Según testimonios de integrantes de Paz y Justicia, obtenidos por este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Minerva estuvo secuestrada durante tres días, golpeada y violada sexualmente. A 16 años de esos hechos se desconoce su paradero.
Por lo ocurrido, el Frayba aportó la información sobre esta desaparición forzada a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), que declinó el caso y posteriormente ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, sin que hubieran avances en la investigación. Por la omisión, incumplimiento y falta de voluntad por parte del Estado mexicano, este Centro de Derechos Humanos, en coordinación con los familiares de las víctimas, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (P-1121-04), con sede en Washington, D.C., por las desapariciones y ejecuciones en la zona Norte de Chiapas, ejecutadas por el grupo paramilitar Paz y Justicia.
Para el Frayba la desaparición forzada de Minerva está enmarcada en una estrategia de guerra de baja intensidad implementada por el gobierno mexicano contra la población civil, detallada en el “Plan de Campaña Chiapas 94”. Minerva fue elegida premeditadamente por el hecho de ser mujer, por ello víctima
de la guerra y del abuso del poder ejercida en su contra por parte de los paramilitares de Paz y Justicia, con la anuencia y la participación activa del gobierno federal, encabezado en ese entonces por Ernesto Zedillo Ponce de León. El grupo paramilitar Paz y Justicia fue impulsado, entrenado y financiado con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer el terror en la población civil en la zona Norte del estado de Chiapas.
Por lo anteriormente mencionado y en el trabajo de documentación implementado por este Centro de Derechos Humanos, en el contexto del conflicto armado en Chiapas, entre 1995 y 2000, tan sólo en la zona Norte de Chiapas, se registró la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres, así como la ejecución de siete mujeres y 78 hombres. Son un total de 122 casos documentados que se encuentran en la impunidad, además del desplazamiento forzado de 12.000 personas. En Chiapas, la violencia contra las mujeres aumentó con el fenómeno de la militarización y en esta estrategia de contrainsurgencia, las mujeres han sido, y siguen siendo, utilizadas como un objetivo de guerra; sometidas a actos de tortura, violencia sexual y agresiones a su dignidad personal. Entre otros sucesos de mujeres asesinadas, desaparecidas forzadamente y violadas sexualmente son emblemáticos los casos, además de el de Minerva, el de las hermanas tseltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, [1] los de Hermelinda Pérez Torres, Brígida Gutiérrez Pérez, Celina López Álvarez, Gabriela Martínez Martínez, Guadalupe Hernández Jiménez, Guadalupe Sánchez López, Hermelinda Martínez Martínez, Marcelina López Pérez, María López Méndez, María Rebeca Pérez Pérez, las mujeres y niñas asesinadas en Acteal entre otras mujeres víctimas de esta guerra.
Para el Frayba, es de suma importancia guardar la memoria; recordar los hechos, las víctimas, para vencer la impunidad, el olvido y dar fuerza a la esperanza, que se conozca la verdad, para alcanzar la justicia con dignidad, para que se castiguen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en esta política de destrucción, violencia y muerte.
Finalmente, el Estado mexicano debe cumplir con el compromiso asumido al ratificar los instrumentos internacionales y en el caso especifico de las mujeres con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer “Convención de Belém Do Pará” del 19 de junio
de 1998, la cual representa Ley Suprema de la Unión en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculante para los agentes del Estado en los tres ámbitos de gobierno.
[1] El 4 de junio de 1994, en Altamirano, Chiapas, Ana, Beatriz y Celia fueron privadas arbitrariamente de su libertad en un retén militar y trasladadas al cuartel militar para forzarlas a declarar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional donde fueron violadas sexualmente. Caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.565, Informe No. 53/01, Hermanas González Pérez (México), fue admitido el 19 de noviembre de 1999. En abril de 2001 la CIDH señaló al Estado mexicano como responsable por la violación a varios derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
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Que verguenza que se gasten recursos pùblicos para financiar este tipo de grupos y darles impunidad. Mi mas sincero apoyo a tod@s las victimas.
Un saludo desde Catalunya.
Comentario de alex — junio 25, 2012 @ 8:01 am