(Falacia: engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien)
Hubo y hay más, pero cuatro fueron las principales falacias que enarbolaron intelectuales de derecha, jueces, legisladores y gobernantes para oponerse a los Acuerdos de San Andrés, a la iniciativa de ley Cocopa y a la puesta en práctica de esos acuerdos por las comunidades indígenas zapatistas con la creación de los caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, en agosto de 2003.
Como modernas pitonisas, predijeron entonces la desintegración del Estado mexicano, la creación de un Estado dentro de otro Estado «para» Marcos (así tituló una edición de agosto de 2003 el periódico propiedad de Ahumada, paradójicamente llamado El Independiente), el incremento de los conflictos intercomunitarios y la violación de los derechos humanos individuales por el ejercicio de los derechos colectivos.
Según esto, lo que el EZLN preparaba era una ofensiva político-militar, que incluía un ataque al cuartel del Ejército federal ubicado en la cabecera de San Andrés, y otras tonterías por el estilo. Se alarmaron, se alertó al Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, la PFP, se aprestaron armas, órdenes de aprehensión, operativos policiacos, dineros para comprar silencios y palabras. Hicieron declaraciones que contradecían minutos después, y luego se contradecían de nuevo (lo que sea de cada quien, el campeón fue y es Santiago Creel). Intercambiaron, histéricos, rumores disfrazados de informes de inteligencia e informes de inteligencia disfrazados de rumores. En estos días, el Sureste Mexicano estuvo a unas cuantas palabras de convertirse de nuevo (como en 1994, como en 1995, como en 1998) en escenario de combates.
Pero hubo quien, desde arriba pero desde fuera, dijo que no, que se trataba de una iniciativa política, no militar, y que no era otra cosa que llevar a la práctica lo que el gobierno federal y el EZLN habían acordado en febrero de 1996, pero 7 años después.
Alguien más recomendó dejar que se hiciera, esperar el fracaso, y preparar el «se los dije» junto al avance militar del Ejército federal sobre las posiciones zapatistas.
Lo que cuento ocurrió realmente en las reuniones del gabinete de Vicente Fox en los meses de julio y agosto de hace un año.
Como es evidente, lo que decidieron fue esperar a que fracasáramos. Y, como siempre que hacen un cálculo político o militar con nosotros, fallaron.
No sólo no fracasamos: además de mejorar significativamente las condiciones de vida de las comunidades indígenas, ahora tenemos argumentos prácticos y contrastables para desfondar las falacias sobre las que se sustentó el rechazo a la llamada ley Cocopa.
¿DESINTEGRACIÓN DEL ESTADO?
Hace unos años, uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa instancia que reparte impunidades a los poderosos (pero redactadas en términos jurídicos), argumentó su posición en contra del reconocimiento constitucional de los derechos indígenas así: «Se fraccionaría el Estado mexicano, habría muchos países en un territorio y leyes particulares en cada lado. En suma, el país se balcanizaría».
Uno podría pensar que se estaba refiriendo al narcotráfico y su liga con gobernantes y jueces, pero no, hablaba de la conveniencia de reconocer la existencia de los pueblos indios mexicanos, es decir, de reconocer sus derechos colectivos.
Con la creación de los caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, los zapatistas decidimos llevar a la práctica los Acuerdos de San Andrés y demostrar, en los hechos, que queríamos ser parte de México (del que no éramos parte si no era dejando de ser lo que somos).
A un año del nacimiento de caracoles y juntas, el país se está, en efecto, desintegrando, pero no por la autonomía indígena, sino por una auténtica guerra interna, por la destrucción despiadada de sus fundamentos: la soberanía sobre los recursos naturales, la política social y la economía nacional. Estas tres bases, que son las que, entre otras cosas, quedan destruidas en las guerras secesionistas e imperiales, son ahora dinamitadas por los tres poderes federales.
La soberanía sobre el petróleo y la generación de energía, por poner un ejemplo, es uno de los objetivos de las reformas constitucionales que están pendientes en el Congreso. La política social (o el Estado de Bienestar Social) se ha convertido en algo risible: las dependencias a cargo de este aspecto no son más que instituciones de caridad y limosnas, y las conquistas de trabajadores se desechan mediante pactos secretos acompañados de campañas mediáticas estridentes (el caso del IMSS, por citar uno reciente). La economía nacional hace un rato que dejó de serlo y se convirtió en la «chagarrización» de la supervivencia. La planta productiva nacional es un montón de desechos industriales y nostalgias, el comercio está monopolizado por grandes empresas trasnacionales, la banca está permeada por capital extranjero y el vaivén de la especulación financiera maneja variables globales, no nacionales.
Traduciendo: menos empleo y más precario, más desempleo y subempleo, precios altos, salarios bajos, se importa lo que podemos producir, se produce para un mercado global, del que sólo somos una variable macroeconómica, y no para el consumo interno. La pobreza ya toca no sólo a los trabajadores, también a pequeños y medianos empresarios, y los mexicanos ricos cada vez son menos, aunque más ricos.
En suma, el gobierno federal ha renunciado a sus funciones y el Estado nacional se tambalea golpeado por los de arriba, no por los de abajo.
Hay una forma de llamar a cambios tan profundos como los que padece nuestro país, cuando se hacen desde arriba y prescindiendo de cualquier consenso o consulta con los de abajo: se llama contrarrevolución.
Lo único que quedaría sería refundar la nación. Con nuevo pacto social, nueva Constitución, nueva clase política y nueva forma de hacer política. En suma, haría falta un programa de lucha, construido desde abajo, con base en la agenda real nacional, no en la que promueven políticos y medios.
Por nuestro lado, nada de lo hecho, como se verá en ésta y en una parte posterior, por las Juntas de Buen Gobierno y por los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, ha contribuido a la desintegración del Estado nacional.
¿UN ESTADO DENTRO DE OTRO ESTADO?
Quien bien gobierna debe gobernar para todos, no sólo para quienes simpatizan con él o militan en su organización, ni sólo para quienes tienen su misma raza, cultura, color o lengua.
En la concepción zapatista la lucha por la inclusión de uno no es la lucha por la exclusión del otro. Si la existencia del mestizo no debe implicar la desaparición del indígena, nuestro reconocimiento como lo que somos no implica la negación de los que no son como nosotros. Y esto vale para lo indígena y para lo zapatista.
Las Juntas de Buen Gobierno son la prueba de que el zapatismo no pretende hegemonizar ni homogeneizar, bajo su idea y con su modo, el mundo en el que vivimos.
Las JBG nacieron para atender a todos, a zapatistas, a no zapatistas, e incluso a antizapatistas. Nacieron para mediar entre las autoridades y los ciudadanos, y entre autoridades con distintos ámbitos y jerarquías. Lo han hecho y lo seguirán haciendo. Hace un año, en ocasión del nacimiento de caracoles y juntas, el comandante David ofreció respeto a quien nos respetara. Lo estamos cumpliendo.
Así, las Juntas de Buen Gobierno mantienen comunicación respetuosa con diferentes organizaciones sociales, con muchos de los gobiernos municipales oficiales con los que comparten territorio los autónomos, y en algunos casos con el gobierno del estado. Se intercambian recomendaciones y se busca solucionar los problemas mediante el diálogo.
A diferencia del gobierno federal, cuyo «comisionado» se dedica a hacer el ridículo con cargo al erario y boletinarlo en la prensa, el gobierno estatal prefirió no hacer campaña de medios (en lo que se refiere al zapatismo) y optó por dar señales y esperar pacientemente. Sabiendo que las miras del zapatismo no son locales, sino federales, el gobierno de Chiapas eligió no ser parte del problema y tratar de ser parte de la solución.
Mientras a don Luis H. Alvarez lo embaucan unos vivales haciéndole creer que tiene contacto con el EZLN, le sacan dinero y lo traen a un lado para otro con la promesa de que va a ver a «aquél» (Marcos), y trata infructuosamente de construir la «fuerza campesina» del PAN repartiendo láminas y celdas solares, el gobierno del estado tiene una línea de comunicación veraz con las comunidades zapatistas.
En lo particular no nos oponemos a que el gobierno de Fox le pague el sueldo al autodenominado «comisionado de paz», pero pensamos que debería redefinir su labor: en lugar de pagarle por buscar el diálogo con los zapatistas (cosa que no hace), debería pagarle por solventar los gastos de los antizapatistas.
Las Juntas de Buen Gobierno han mediado, junto con el gobierno del estado de Chiapas, en los casos de los secuestrados por la CIOAC en Las Margaritas, en parte de la indemnización a los agredidos en Zinacantán, en la indemnización de campesinos afectados por el trazo de una carretera en la zona selva tzeltal, en el problema de las «bicitaxis» de la costa de Chiapas, y tal vez en algún otro que ahora escapa a mi memoria. Cuando consulten los informes particulares de cada Junta verán todo eso, porque nada se oculta. En general se ha buscado en todo momento evitar enfrentamientos entre indígenas.
Actualmente se mantiene comunicación para los casos del reciente asesinato de un compañero base de apoyo en Polhó y de la violación de una niña de 11 años en Chilón.
Respetar es reconocer, y las Juntas de Buen Gobierno les reconocen existencia y jurisdicción al gobierno del estado y a los municipios oficiales y, en la mayoría de los casos, las autoridades oficiales municipales y el gobierno del estado reconocen la existencia y jurisdicción de la JBG. De igual forma, las Juntas de Buen Gobierno reconocen la existencia y legitimidad de otras organizaciones, respetan y demandan respeto.
Sólo así, respetando, se pueden hacer acuerdos y cumplirlos.
Tardó un tiempo, pero ahora las personas y organizaciones no zapatistas y antizapatistas saben que pueden acudir a las JBG a tratar cualquier problema, que no se les detendrá (las JBG son instancias de diálogo, no de penalización), que se valorará su caso y se hará justicia. Si alguien quiere castigo por algo, acude a un municipio oficial o a un autónomo, pero si alguien quiere solución por diálogo y acuerdo, acude a la Junta de Buen Gobierno.
¿MÁS CONFLICTOS?
Este proceder de las JBG ya empieza a producir efectos en los municipios autónomos y en los oficiales. En problemas sociales entre grupos, comunidades y organizaciones cada vez se recurre menos al uso de la fuerza o al intercambio de secuestrados, y cada vez más se acude al diálogo. Así se ha podido ver que muchos casos no son enfrentamientos entre organizaciones, sino problemas individuales que se presentan como organizativos.
Lo más importante que tenemos es nuestra palabra. Sobre ella se ha construido la autoridad moral de un movimiento que busca, no sin tropiezos, una nueva forma de hacer política. Antes se daba por sentado que cualquier agresión que se presentaba tenía origen político, se hacía la denuncia y se realizaban movilizaciones. Ahora primero se investiga si algo tuvo causas políticas o si se trata de crímenes del fuero común.
Para esto, las JBG mantienen un canal de comunicación, mediante la Secretaría de Pueblos Indios, con el gobierno del estado de Chiapas. Cuando se presenta una agresión a zapatistas y no hay comunicación con los agresores para determinar por qué fue el problema y tratar de llegar a un arreglo dialogado, las Juntas de Buen Gobierno indican a la autoridad autónoma que inicie una investigación y, al mismo tiempo, turnan los datos del caso a las autoridades estatales. Mientras no se determine con claridad de qué va el asunto no se recurre a las denuncias, a la movilización o a las represalias.
Si el asunto no es político y es penal, entonces se espera un tiempo razonable para que la justicia estatal ejerza su acción. Si no, pues entonces entra en acción la justicia zapatista.
En los casos que se han presentado hasta ahora, la justicia del gobierno de Chiapas ha brillado por su lentitud e ineficiencia. Parece que el aparato judicial chiapaneco sólo es expedito cuando se trata de penalizar a los enemigos políticos del gobierno estatal. En el caso de las autoridades de Zinacantán, cuyo delito fue flagrante y documentado, el gobierno del estado se limitó a apoyar en la indemnización de los agredidos, pero en cuanto a determinar quiénes fueron los responsables de la agresión y proceder jurídicamente, es fecha que no hay nada. Y en el caso de Chilón, donde, en el marco de un enfrentamiento entre zapatistas y no zapatistas, fue violada una niña de 11 años, ya se arregló la diferencia origen del choque, ya se pasaron todos los datos de los violadores (incluyendo análisis médicos que confirman la violación de la niña) a las autoridades competentes… y nada (cuando menos hasta el día en que escribo). Los violadores siguen libres, a pesar de que no cuentan con el respaldo de la organización a la que pertenecen (que se deslindó del hecho).
Sin embargo, hay que decirlo, las agresiones más importantes que los zapatistas hemos sufrido en este año no han venido del Ejército federal, ni de la policía de Seguridad Pública estatal (de los paramilitares actualmente se investigan las posibles causas políticas en el caso de un compañero asesinado en Polhó).
Paradójicamente, los problemas más graves y las agresiones que se han tenido en este año han sido con organizaciones y gobiernos de filiación perredista: la CIOAC oficial de la región de Las Margaritas y la presidencia municipal oficial de Zinacantán (del PRD). En ambos casos, los zapatistas han sufrido agresiones. En Las Margaritas secuestraron a compañeros y en Zinacantán atacaron con armas de fuego una manifestación pacífica.
La CIOAC oficial de la zona Las Margaritas (hago la precisión porque con la CIOAC de otros municipios ha habido entendimientos y respetos mutuos) sólo quería mantener su estatus corrupto dentro del municipio y que sus dirigentes siguieran manteniéndose a costas de las autoridades oficiales.
En Zinacantán, el gobierno perredista planeó y ejecutó una emboscada que dejó varios zapatistas heridos de bala. Sumido en la «crisis de los videos», el PRD nacional guardó un silencio cómplice y apenas abrió un proceso para sacar del PRD al presidente municipal. En círculos selectos perredistas se dijo que ése era el pago a los zapatistas por no apoyar a su partido en las elecciones. ¿Esa es la plataforma que impulsarán a nivel nacional en el 2006? ¿Para el que no sea incondicional del PRD, golpes y balas? Es una pregunta.
Con otras organizaciones con las que hubo y hay fricciones, y con las que antes las cosas se resolvían con la lógica de «hay un problema, agarro a uno de los tuyos, tú agarras a uno de los míos, intercambiamos, y el problema sigue igual» (o «juntas un buen tanto de gente, yo junto otro tanto, nos golpeamos y el problema sigue igual»), ahora se busca hablar, conocer las versiones de las dos partes, hacer arreglo. Así, sin enfrentamientos ni secuestros mutuos. De esta manera se han resuelto problemas con organizaciones como la ORCAO, la ARIC-Independiente, la ARIC-PRI, la CNC y muchas otras que mantienen presencia en los territorios donde operan las JBG y hasta donde alcanza su influencia.
A diferencia de los años anteriores, los conflictos entre comunidades y entre organizaciones en territorios de las Juntas de Buen Gobierno han disminuido, y se ha reducido el índice de criminalidad y de impunidad. Los delitos se solucionan, no sólo se castigan. Si no me cree, consulte usted en las hemerotecas, en los juzgados, en los ministerios públicos, en las cárceles, en los hospitales, en los cementerios. Compare el antes y el después y saque sus conclusiones.
¿UNA JUSTICIA A MODO?
El buen gobierno no busca otorgar impunidad a los que simpatizan con él, ni está hecho para penalizar a los contrarios en ideas y planteamientos. O sea que no debe hacer como hace el gobierno federal, que da impunidad a criminales porque son del PAN (Estrada Cajigal, por ejemplo) o porque hizo trato el PRI (Luis Echeverría, por ejemplo), y pretende penalizar a uno de sus contrarios (López Obrador) y dejarlo fuera del 2006.
Las leyes que rigen en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas no sólo no contradicen las elementales de justicia que rigen en el sistema jurídico estatal y federal, sino que en muchos casos las completan.
Dije que el buen gobierno no está para dar impunidad a los propios y castigar a los ajenos.
Como ejemplo y para ilustrar, tengo una copia del oficio expedido por el Juzgado Municipal Autónomo de San Juan de La Libertad, Chiapas, de fecha del 19 de agosto de 2004, dirigido al gobierno constitucional del estado de Chiapas y con copia al presidente municipal de Chalchihuitán y al juzgado municipal de Chalchihuitán. El texto vale como argumento (respeto la redacción original):
«Antes estas dependencias autónomas y ante las autoridades del juzgado municipal fue consignado el c. Fulano, base de apoyo del EZLN, de 17 años de edad, originario de Jolik’alum, municipio de Chalchihuitán, Chiapas, el día 14 de agosto de este año por las autoridades locales de esa comunidad que habiendo practicado un delito de orden común el día 13 de agosto del año en curso cuando el c. Zutano del Partido Acción Nacional (PAN) había salido de su casa para hacer unas compras en el mercado de Jolitontic y de regreso cuando venía caminando por la vereda se encontró a este joven Fulano escondido por el monte armado con un arma largo de calibre 22 de un tiro, mismo quien trató de disparar a una distancia de 5 metros al c. Zutano pero el arma ya no sirve.
«Ya estando a disposición de los jueces municipales autónomos, el joven Fulano aclara que el mismo quejoso c. Zutano ha causado los principios de esta provocación cuando él tumbó 300 matas de café de buena calidad propiedad del joven Fulano y por eso este joven tiene el coraje desde hace un año, los jueces autónomos calificamos como un delito grave dentro del orden y disciplina revolucionaria zapatista que ha cometido el c. Fulano, al respecto ratificamos su detención inmediata a este indicado por lo que existen datos que acreditan los elementos que integra este tipo penal pero al momento de la detención del indicado culpable, el quejoso c. Zutano salió escapándose de los jueces municipales negándose a declarar los principios de ese asunto como que si el fuera el culpable de este hecho. Las autoridades autónomos podemos resolver cualquier tipo de asunto o delitos de orden y fuero común. El c. Fulano por el momento está sancionado con pena privativa de libertad (…) El arma del c. Fulano está en manos de las autoridades autónomos de San Juan de La Libertad, el arma está en malas condiciones porque no funciona formalmente y será destruido.»
¿DERECHOS COLECTIVOS VERSUS DERECHOS INDIVIDUALES?
Imagino que hay o irá a haber estudios jurídicos que demuestren que no hay contradicción en el reconocimiento de unos y otros. Ahora nosotros hablamos de lo que vemos en los hechos y de lo que practicamos, y estamos abiertos para que cualquiera venga y corrobore si el ejercicio de nuestros derechos como pueblos indios viola algún derecho individual.
Los derechos colectivos (como la decisión sobre el uso y disfrute de los recursos naturales) no sólo no contradicen los derechos individuales, sino que permiten que estos últimos se alcancen para todos, no sólo para unos cuantos. Como se verá en la parte de los avances, en territorio zapatista no han aumentado las violaciones a los derechos humanos individuales. Han crecido, sí, las mejores condiciones de vida. Se respetan el derecho a la vida, a la religión, a la filiación partidista, a la libertad, a la presunción de inocencia, a manifestarse, a disentir, a ser diferente, a la elección libre de la maternidad.
En este año, en lugar de meternos a una discusión de términos jurídicos, los zapatistas optamos por demostrar en los hechos que la bandera del reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, que levantan los indígenas mexicanos y muchos más con ellos, no implica ninguno de los peligros que se arguyeron en su contra.
En tierras zapatistas no se está gestando la pulverización de la nación mexicana. Por el contrario, lo que aquí nace es una posibilidad de su reconstrucción.
(Continuará…)
Desde las montañas del Sureste Mexicano
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, agosto de 2004. 20 y 10.
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