EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
Calendario de la resistencia
SEPTIEMBRE: ESTADO DE MEXICO, LA NOVENA ESTELA.
(La bonanza del rico se construye, con la complicidad de los políticos, sobre el despojo a los pobres)
En veces volando y en veces rodando, en veces nube y en veces piedra, llegan la mano y la mirada al noveno mes del calendario: septiembre. Y, al llegar a septiembre se llega también al estado de México. Esta es la entidad más poblada de la República Mexicana (más de 13 millones en el año 2000), y con más contrastes en su sociedad: unos cuantos poderosos (cuyos nombres se confunden con los de los políticos) con una riqueza insultante; y unos muchos pobres con una miseria que daría pena si no es por la dignidad con la que resiste.
El estado de México tiene casi un millón de indígenas. Zapotecos, totonacas, otomís-Hñahñú, nahuas, mixtecos y mazahuas, entre otros, viven y resisten frente uno de los mayores despojos de la historia de este país.
La nube es sincera en su desconcierto: en estas tierras, basta caminar un poco para ver grandes centros comerciales y lujosas áreas de recreo; y, a unos metros, comunidades sin los mínimos servicios. Si alguien quiere un ejemplo de lo que el neoliberalismo proyecta para nuestro país, bastaría que se diera una vuelta por el estado de México. Aquí conviven una riqueza que asquea por su opulencia, una corrupción desenfrenada de la clase política (PAN, PRI y PRD -y los enanos- que no sólo compiten en las elecciones, también en cuál crimen es mejor organizado), una pobreza extrema, y una digna resistencia.
Nomás entrando a estos suelos, un volante tirado en cualquier calle señala y acusa:
“Estado de México: Nido de Políticos Delincuentes: José Antonio Ríos Granados, Tultitlán, PAN, robo por 90 millones de pesos; José Antonio Domínguez, Atizapán, PAN, asesinato y robo de 300 millones; Eulalio Esparza Nieto, Chalco, PRI, robo por 20 millones; Rigoberto Amado Quintanar, El Oro, PRI, despojo, abuso de autoridad y daño en propiedad ajena; Juan de la Cruz Ruiz, Temascalcingo, PRI, despojo; Rafael Pérez Martínez, Tequixquiac, PAN, despojo; Zeferino Reséndiz Segura, Tenancingo, PRI, abuso de autoridad y difamación; Fernando Covarrubias, Zavala, Cuautitlán Izcalli, PAN, nepotismo y robo; Edelemira Gutiérrez, Cuautitlán, PAN, peculado; Roberto Zepeda Guadarrama, Chapa de Mota, PAN, abuso de autoridad; Guillermo Espinoza González, Huixquilucan, PAN, fraude; Félix Ismael Germán Olivares, Tecámac, PAN, robo y desvío; Agustín Hernández Pastrana, Ecatepec, PAN, robo, desvío e irregularidades administrativas; Ignacio Anguiano Martínez, Coyotepec, PRI, robo, desvío; Miguel Bautista López, Nezahualcóyotl, PRD, robo, faltas administrativas; Julián Angulo Góngora, ex alcalde de Cuautitlán Izcalli, PAN, robo y cohecho por 20 millones; Sergio Gamiño, ex alcalde de Coacalco, PAN, robo y cohecho por 20 millones; Carlos Cornejo Torres, ex alcalde de Chimalhuacán, PRI, asesino. (Fuentes: Congreso del estado de México, Contraloría Interna y Contaduría General)”.
La nube, tal vez aún mareada por el viaje, hace un paso desordenado por los cielos mexiquenses:
Allá está San Salvador Atenco, donde el despojo, disfrazado de aeropuerto, fue frenado por una firmeza que sorprendió a políticos y empresarios. Pero el aeropuerto no iba solo, incluía carreteras. Los campesinos de Atenco han encontrado que la familia Salinas de Gortari estaba adquiriendo terrenos en las afueras del municipio, justo en el entronque de dos carreteras, para la construcción de un centro hotelero de cinco estrellas. El Consejo Popular Municipal de San Salvador Atenco está siendo hostigado por los partidos políticos para que le entren a las elecciones, como si no pesaran sobre los campesinos hasta 300 órdenes de aprehensión.
Eso que se ve allá es Ecatepec, que no es el gallinero del obispo golfista Cepeda, sino tierra de dignidad que resiste. Ahí el municipio pretende expropiar terrenos destinados a vivienda para la construcción de una carretera de seis carriles y de más de cien metros de ancho. Esta carretera irá de Ecatepec en dirección a San Salvador Atenco y era parte de la conexión del aeropuerto de la ciudad de México. Los intentos de desalojo siguen vigentes aun cuando el aeropuerto se haya cancelado.
Más allá está Nezahualcoyotl, donde jóvenes estudiantes, chavos banda, punks, y maestros de secundarias, preparatorias, normal y Cebetis ligan estudio, cultura y resistencia. Y miren el valle de Chalco, donde el Colectivo Independiente de Cultura Popular hace trabajo de concientización política con la gente del lugar.
Ahora lo que se ve es Atizapán. Ahí el gobierno panista mandó asesinar a la regidora María de los Angeles Tamez Pérez, el 5 de agosto de 2001. La regidora, de tan sólo 27 años, apoyaba la lucha de los comuneros de este municipio. Tal vez se podría avanzar en la investigación de su asesinato si se le busca por el lado de las inmobiliarias y las empresas Industrias Resistol y Constructora Frisa. Y es que en Atizapán los comuneros mantienen la defensa de mil 467 hectáreas de tierras, que legítimamente les pertenecen. Un grupo de altos funcionarios y empresarios (constructora Frisa) pretenden el despojo de esas tierras. En la zona de Lomas de San Andrés Atizapán, la ampliación de una avenida amenaza la vivienda de los vecinos. En el barrio norte de Atizapán hay problemas con el suministro de electricidad, ya que la distribuidora está en proceso de concesión a particulares, y lo mismo sucede en San Andrés. La constructora Frisa, empresa que está en litigio con los comuneros de San Andrés, quiere hacer un centro comercial y colonial residencial parecido a Santa Fe, que se conecte con Chilucan y Valle Escondido; la empresa ha formado un grupo paramilitar para enfrentar a los comuneros. Una parte de las tierras se encuentran en la franja de bosque de Atizapán y ahí Industrias Resistol pretende la utilización del bosque para su empresa, a lo que los comuneros se oponen e intentan hacer un centro comunitario y una cooperativa para (sin cambiar el uso del suelo y continuar como propiedad comunal) poder trabajar con sus familias las tierras. La cooperativa se llama Smallyl.
Hasta un campo de futbol es ambicionado por los poderosos. Pretenden convertirlo en jardín exclusivo de un fraccionamiento, dejando fuera a los habitantes de las colonias El Potrero, San Lorenzo, Lázaro Cárdenas, Jardines de Atizapán y San Andrés. En el fraccionamiento Hacienda del Pedregal los colonos fueron engañados por dos inmobiliarias (First City y Grupo Novo) que quieren cobrarles más de lo que estipulan sus contratos.
Aquí en Atizapán hay un grupo noble y combativo de jóvenes punks. Algunos están agrupados en la Red Informativa de Voces Autónomas Libertarias (RIVAL), tienen un boletín informativo y, junto con las tocadas musicales, realizan pláticas sobre lo que pasa en México y en el mundo, y circula un fanzine con el muy claro y sintomático nombre de Patria Amarga. Cuando alguien se refiere a Atizapán como Atizapunk está nombrando un esfuerzo ejemplar de resistencia cultural.
En Nicolás Romero, los comuneros ven que el comisariado ejidal está haciendo negocio con sus tierras y ya hay más de 20 casos de fraude, extorsión y despojo de sus predios mediante engaños; además, ha estado amenazando a los ejidatarios con golpearlos si dicen algo.,
A los colonos de Loma la Cruz y Clavo de Oro, cuarta sección de San Isidro, el municipio quiere quitarles su pozo de agua para entregarles agua entubada de la que viene del río Lerma. La razón de por qué quieren quitarles su pozo es porque quieren alimentar las fábricas que de manera irregular se han apostado dentro de la colonia. No es todo, se sabe que muchos de los habitantes de estas colonias tienen problemas de insuficiencia renal. La razón puede encontrarse en el río La Colmena, donde arrojan sus desperdicios las fábricas de cartón y plástico, que contamina los pozos a través del subsuelo.
En Cuautitlán Izcalli, en la colonia San Juan Atlamilca, la avaricia de los empresarios y autoridades arranca árboles para construir carreteras. Después de los árboles seguirán las viviendas. En la colonia Axotlan, el gobierno municipal está desecando una laguna para fraccionar inmediatamente después la zona; los habitantes, al darse cuenta de la situación, investigaron cuál era la causa del problema y descubrieron toda la intención del municipio de abrir zanjas para que por allí saliera el agua. Los vecinos comenzaron a tapar las zanjas con lo que tuvieron a la mano y de nuevo la laguna se llenó.
En Tlaneplantla, los colonos de San Andrés Atenco y Lomas de San Andrés mantienen la defensa de sus casas por la amenaza de ampliación de la avenida. Igual sucede con los colonos de la Pancho Villa, en donde además de la bronca de la avenida se están organizando contra los partidos que tienen cargos dentro del municipio, ya que le dan permisos a bares y cantinas cerca de las escuelas.
Ahora la nube ha visto algo. Eso que se ve es Huixquilucan. Ubicado al poniente de la ciudad de México, junto con Cuajimalpa y la delegación Alvaro Obregón, alojan a Santa Fe, la ciudad modelo del neoliberalismo. Sin embargo, a sus alrededores sólo hay pobreza, problemas de embotellamientos, crecimiento urbano irregular, la gente habita en barrancas con pésimos servicios de agua, drenaje y alcantarillado.
Huixquilucan, por ser colindante con esa copia mala del Houston norteamericano que es Santa Fe, ha sufrido dos procesos importantes; por un lado, una expansión y crecimiento de nuevas ciudades amuralladas exclusivas para los ricos de la ciudad de México: La Herradura, Interlomas y Bosque Real. Estas dos últimas ya cuentan con todos los servicios; carreteras perfectamente asfaltadas, drenaje, agua potable (que no provienen del sistema Cutzamala, sino de manantiales que hay en la zona), hospitales de primer mundo, escuelas de educación básica media y universidades »de gran prestigio».
Sin embargo, los habitantes de Huixquilucan que viven en las llamadas zonas populares y rurales ven pasar presidentes municipales de todos los partidos sin que nadie haga nada por mejorar los servicios de carreteras, drenaje, alcantarillado, servicios de salud, escuelas etcétera. En todo Huixquilucan sólo hay una universidad tecnológica; se cuenta con los dedos de una sola mano el número de preparatorias.
Los presidentes municipales del PRI y del PAN aprovecharon muy bien las reformas al artículo 27 constitucional, pues desde inicios de los 90 se han aliado a las constructoras para presionar a los campesinos para que cambien su uso del suelo.
De alrededor de 25 pueblos de la zona rural que tiene Huixquilucan, sólo tres mantienen una tenencia comunal de la tierra. Dos de ellos, San Francisco Ayotusco y Santa Cruz Ayotusco, llevan más de cinco años en un juicio agrario por el reconocimiento de todo su territorio comunal. En este juicio sólo les han reconocido 120 hectáreas, cuando están en juego alrededor de 5 mil. Mientras, Santiago Yancuitlapan y oros pueblos de aquí luchan por defender el agua.
De la vanidosa Santa Fe vuela la nube hasta La Marquesa. Hay ahí una historia de la cual aprender. Una historia de dignidad que resiste, que no se deja.
Y, como siempre pasa en este tipo de acontecimientos, una historia donde las mujeres dan el ejemplo.
En el mes de octubre de 2002, los habitantes de La Marquesa se enteraron de que un grupo de empresarios nacionales y extranjeros, apoyados por el gobierno de Montiel y con la anuencia de las autoridades ejidales y comunales, tenían sus ojos puestos sobre estas tierras. El proyecto lo difundieron por todos sus medios dentro de los círculos del sector privado, pero ni una palabra a la población. La reacción no se hizo esperar: comuneros, ejidatarios y avecindados organizaron diversas reuniones para discutir el asunto y mostraron su rechazo absoluto a los que calificaron como una venta disfrazada de sus tierras y bosques. Según la información obtenida por la población sobre tierras ejidales de Acazulco, en la zona denominada La Marquesa, se pretende construir un parque temático. A los ejidatarios les pagarían una cantidad de dinero por rentar la tierra durante tres años. Con el lema »Todo México a La Marquesa», el proyecto tiene como objetivo aprovechar el turismo urbano de la ciudad de México.
La Marquesa -con sus mil 580 hectáreas- fue declarado parque nacional en 1938 y quedó en manos de la comunidad otomí de Acazulco. A la fecha, el gobierno federal les ha expropiado diversas propiedades, entre las que se encuentran terrenos para la Comisión Federal de Electricidad, el gasoducto de Pemex, el Instituto de Investigaciones Nucleares, la ampliación de la vieja carretera México-Toluca, la autopista México-Toluca, entre otras. De dichas expropiaciones sólo se les ha indemnizado con un centro de venta de artesanía -que nunca pueden utilizar-, un par de columpios y una resbaladilla. Nunca les han pagado las expropiaciones sufridas. Ahora pretenden expropiarles las tierras en las que se encuentra el caserío de La Marquesa, en donde viven 380 familias. Tanto las autoridades federales como estatales pretenden que se regularice el uso del suelo para terminar con la propiedad ejidal y venderlas a 57 grandes empresas -que conforman un patronato y en donde no aparece la comunidad de Acazulco.
Entre las empresas que están en el jugoso negocio se encuentran las siguientes: Tribasa, Bayer, Televisa, Tv Azteca, Kaufman & Broth, Mercedes Benz, Bancomer, Volkswagen, Crisa, Club de Golf Los Encinos, Nissan, Fraccionamiento San Martín, Herberts, Sacsa, BMW, Bernardo Quintana, Hoteles Fiesta Americana, Clemente Serna, Coca Cola, Pepsicola, Cervecería Modelo, Hotel Holiday Inn, Cervecería Cuauhtémoc, Bimbo-Barcel, Nestlé.
En mayo-septiembre de 1999, a los habitantes de la zona el gobierno del estado y un grupo de particulares les ofrecieron una serie de cursos de hotelería y gastronomía. Los habitantes les preguntaron para qué eran dichos cursos, y las autoridades nunca contestaron. Actualmente los habitantes de La Marquesa están viendo cómo enfrentar la nueva expropiación (en la que pretenden pagarles $1.70 por metro cuadrado) de manera organizada y legal. Las autoridades del estado de México intentan presionar para sacarlos de la zona comercial de La Marquesa.
Vuelta piedra de nuevo, la nube se cuela a la iglesia de San Jerónimo, en el pueblo de Acazulco. Hay una asamblea y más de 300 indígenas otomíes discuten acalorados el asunto del proyecto turístico del que sólo sabían por rumores. Un grupo de jóvenes del ejido presentan el proyecto que se intenta imponer y dan información sobre los proyectos de inversión privada en la región que amenazan sus derechos sobre tierras y aguas. »Nos dijeron que iban a hacer un parque que iba a ser de beneficio para la comunidad. Que se iba a invertir un millón de dólares y que iban a rentar las tierras», informa un joven acazulqueño que cuenta con estudios universitarios. Una señora replica: »¿De qué vamos a vivir si nos quieren quitar la tierra?» Mujeres mayores asienten con la cabeza y comentan entre sí en otomí. La indignación crece. Hace apenas un año les expropiaron 13.5 hectáreas del caserío de La Marquesa y como indemnización les quieren pagar 120 pesos. Hoy el comisariado ejidal dice que es posible vender pero con un poquito más de dinero por metro cuadrado, »lo que es una grosería», dice Antonio, viejo ejidatario que ahora vende quesadillas a la orilla de la autopista México-Toluca, »la más cara de México», añade. Uno de los ejidatarios, de nombre José, propone que comparezcan las autoridades ejidales y comunales para aclarar su posición. Sigue la palabra entre estos otomís: »La única solución es organizarnos. No podemos quedar pasivos. Tenemos que defender nuestra forma de vida, nuestra tierra, muestra cultura. Nos quieren engañar. Nos dicen que nos van a dar trabajo, pero como pueblos y comunidades indígenas nos quieren exterminar. Ellos lo ven como negocio, nosotros lo vemos como rescate de nuestros pueblos. La dignidad del pueblo no se compra con migajas». Anochece y la gente espera, muy molesta, la llegada de las autoridades de la comunidad y el ejido. Al final de la reunión, ninguno de los representantes se aparece por miedo a la gente. Entre todos acuerdan convocar a una asamblea de ejidatarios para tomar una decisión junto con todo el pueblo.
Como agua que baja del cerro, la información sobre el proyecto turístico se riega por todo el pueblo; circulan fotocopias con la propuesta de inversión, pero los representantes ejidales y comunales niegan que sea verdad. Una semana después, ante la presión de los habitantes de Acazulco que demandan información, el comisariado de bienes ejidales decide convocar a los 370 ejidatarios para presentarles el proyecto del parque temático. La idea es dejar al resto del pueblo fuera de la decisión. Como las tierras son ejidales, la decisión legal corresponde a los ejidatarios, así que los representantes agrarios pretenden convencerlo del proyecto, que serán socios y les pagarán una buena suma si aceptan rentar la tierra.
La reunión es convocada en el auditorio ejidal, en plena Marquesa. Y hasta allá va la piedra. Además de los convocados, llegan decenas de avecindados de Acazulco, la mayor parte mujeres. El grupo que apoya a las autoridades niega el paso al lugar a todos los que no sean ejidatarios. Las mujeres y los jóvenes se indignan y comienzan el forcejeo por entrar. »No nos dejan pasar porque los ricos quieren pasar por encima de los pobres, quieren decir a espaldas de la gente pero la decisión es del pueblo. Aquí no mandan los ejidatarios sino todo el pueblo», grita doña Cleotilde, de unos 60 años. La gente está muy enojada. En los últimos días, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua vaciaron la laguna de Salazar (que formaría parte del proyecto turístico), sin avisar a ninguna autoridad del pueblo. Además, los mismos comisariados pasaron unas hojas entre los vendedores de quesadillas, una especie de encuesta en la que preguntan a la gente en qué le gustaría trabajar. Las mujeres patean la puerta de cristal: »Queremos enterarnos, déjennos pasar, queremos saber del proyecto que se traen. Quieren hacer su reunión a escondidas. La tierra es de todo el pueblo», gritan molestas.
Isabel Marcial Cesáreo les responde que él no sabe de lo que están hablando, »es una falsa alarma», alcanza a decir antes de ser acallado por las indignadas mujeres que le reviran: »Pase lo que pase vamos a defendernos». A la fuerza se mete un grupo de señoras. Están bravas, ya nadie intenta desalojarlas: »Queremos información, que digan la verdad. Somos campesinos y defendemos nuestros derechos, ya estuvo suave de engaños. A veces nos quedamos calladas y tenemos miedo, pero ya no queremos eso. Tenemos derecho a entrar». Ante la presión y en medio de gritos, los ejidatarios deciden permitir el paso de todos. Después que entran se da una discusión confusa, todos hablan, hay reclamos de las mujeres y los jóvenes. El comisariado Guadalupe Espinoza Salinas informa que la Comisión Nacional del Agua vació la presa para realizar trabajos de rehabilitación de la cortina. Después dice que todo lo del proyecto turístico »es puro rumor, que si alguien tiene información que lo diga, porque es falso todo lo que se dice». Se arma la gritadera y el debate. »¿Quién ordenó vaciar la presa? Eso es criminal», se alcanza a oír. En ese momento llegan los representantes de la Confederación Agraria del estado de México, ligados al gobierno local, quienes son los promotores del proyecto de inversión. Cuando los presentan para explicar el asunto, la gente los corre porque no quiere ni oírlos. »No queremos nada de ustedes, no venderemos la tierra, ni la rentaremos ni nada», les gritan las mujeres. Un joven de La Marquesa que estudia en la UNAM interviene. Aclara que lo único que quiere la gente es información, porque siempre los quieren despojar de sus tierras. »Por nuestra tierra pasa la autopista más cara de México y no podemos usarla libremente.» Aclara que »hay muchas empresas que quieren invertir en la zona; para convencer a la gente le dicen que van a ser socios, pero luego quién los puede sacar cuando no cumplan». El comisariado, en un tono más conciliador, insiste: »Tenemos que defender la tierra, nosotros vimos el proyecto y nos parece bien, queremos que lo vean».
La respuesta no se hace esperar, al unísono, mujeres y hombres lo callan con un solo grito: »La tierra no se vende ni se renta, que les quede claro».
En medio de la asamblea toma la palabra Javier Peña y se presenta como dirigente de la Alianza de Pueblos Indígenas de la Sierra Oriente del estado de México y miembro de la ANIPA, quien se queja de que quieren vender las tierras del ejido. Habla de cómo se han vendido en forma ilegal algunas partes del ejido como la gasolinera, una cabaña y un tramo del bosque.
El comisariado revira: »Sabemos que Peña y su gente azuzan a la gente con lo del Plan Puebla Panamá, pero lo que quieren es ser diputados o regidores y conseguir viajes al extranjero». Otros integrantes del comisariado y algunas mujeres le recuerdan que no tiene autoridad moral para denunciar nada, ya que él había defraudado a un valle con 20 mil pesos y que incluso lo habían metido preso por esa razón. El ex comisariado recordó que cuando Javier Peña estuvo en ese cargo ejidal hace seis años se ejecutó la expropiación del casco urbano de La Marquesa y que no hizo nada para impedirlo ni metió ningún recurso legal. Es más, se dice que quiso negociar el pago de 5 millones de pesos como indemnización, cuando a la gente le decía que pedían 2 millones. »Y ahora dice que defiende al ejido. Eso es defraudar a la gente.» El hermano de Javier Peña justifica a su familiar: »Todos cometemos errores», dice. En su relato, recuerda que un grupo encabezado por Javier Peña fue a los Pinos, »nos reunimos con Xóchitl Gálvez, que es amiga de Javier (Peña), nos dijo que Fox no aceptó lo de Atenco porque no va a pasar por encima de la gente». Se escuchan voces denunciando que Peña con ello busca »negociar a espaldas del pueblo». Alguno más le dijo que lo que buscaba era una candidatura a diputado por un partido. Javier Peña intentó defenderse pero todo fue inútil. La gente no lo escuchó, a pesar de presentarse como dirigente de la Alianza de Pueblos-ANIPA.
La asamblea continuó y al final votó rechazar el proyecto y no permitir que se apoderen de sus tierras y bosques. Las autoridades amagaron con renunciar, pues habían sido derrotados.
La gente les tomó la palabra, pero lo importante no era eso, sino echar para atrás cualquier intento de vender la tierra y lo había logrado. Por esa razón, la principal vergüenza de las autoridades fue rendir cuentas ante el pueblo y ser evidenciados por todos, el principal castigo fue ése, y los dejaron continuar con la advertencia de que estaba claro que no podían firmar ningún papel ni hacer negocios con nadie si no lo aprobaba el pueblo. «Entre todos tenemos que defender la tierra, para qué nos peleamos entre nosotros. El día que perdamos el ejido ya no tendremos con quién pelearnos. Por eso todo el pueblo tiene que rechazar el proyecto turístico de los extranjeros», dice el joven otomí que estudia en la UNAM.
Al final, la asamblea se disuelve y la gente se va a ver la prensa para comprobar si es cierto, como dicen que ya la están volviendo a llenar. Al mirar el espejo de agua que va creciendo y subiendo de nivel, todos voltean a verse entre sí y orgullosos sonríen, ciertos de que esta vez los hombres y mujeres de Acazulco se opusieron a los planes empresariales de quienes codician su tierra para convertirla en un negocio.
También sonriendo la piedra vuelve a ser nube y se va recordando lo que dijo una señora de más de 60 años, orgullosa de decirlo en otomí: «en las tierras de nuestros ancestros que la defendieron con su sangre, tenemos que saber guardar la tierra que nos heredaron. Por eso no vamos a vender nada ni nos vamos a dejar».
En los días posteriores del calendario: Montiel hace público su apoyo al proyecto de reordenamiento de La Marquesa y que actuará contra quienes no estén de acuerdo. Javier Peña se presenta en cuanto lugar puede para decir que «defendió» La Marquesa y es candidato suplente por el PT para el cuarto distrito. Los comisarios ejidales tratan, junto con la CNC y el gobierno del estado (directamente con Montiel), de imponer nuevamente su proyecto.
Vuela la nueve hasta Atlapulco. Para los pueblos limítrofes con el valle de Anáhuac como Atlapulco, en la parte más alta del valle de Toluca y del valle de México, su calidad de tributarios de ciudades como Huixquilucan, Lerma y el Distrito Federal, los tiene levantados en resistencia pacífica desde hace varios años, pues sus bosques son los que recargan de oxígeno a las urbes, mientras la falta de agua seca sus tierras para irse a las grandes industrias y lujosos centros vacacionales.
Atlapulco tiene una historia digna de recuperarse. Hasta hace unos años era una de tantas poblaciones que había perdido los rastros de su pasado indígena, que no conocía que su posición geográfica lo vinculaba con Chalma y Malinalco antes de la Conquista. Pero resultó que, haciendo unas excavaciones, se hallaron primero un glifo ñahñú y después los restos de un templo teotihuacano, lo que de inmediato despertó entre sus habitantes la inquietud por recuperar su historia y reivindicar su origen. San Pedro Atlapulco está a medio camino entre Toluca y el DF, enclavado en pleno bosque de oyameles y en su territorios se halla el famoso Valle del Silencio. Su posición geográfica y estratégica era inmejorable. Le llamaban con justa razón el gran mirador por situarse en el vértice más alto del valle de México y del valle de Toluca. Hoy, como muchos otros enclaves indígenas en el estado de México, Atlapulco, perteneciente al municipio de Ocoyoacac, emprende una resistencia en defensa de su territorio, su historia y su cultura a orillas de la ciudad más grande del mundo.
Así hablan Mario Flores Juárez, presidente del comisariado de bienes comunales de San Pedro Atlapulco, y Juan Dionicio:
«Somos una comunidad que está a 45 minutos de la ciudad (de México) si te vienes por la libre, pero a una media hora, si viajas por la de cuota. Estamos cerca de otra gran ciudad, Toluca, cuyo cinturón urbano, incipiente, se acerca, como también lo hace el municipio de Lerma, un área industrial que viene en crecimiento acelerado. El 14 de agosto de 1946 el gobierno federal le reconoció y tituló a nuestra comunidad 7 mil 110 hectáreas, 3 mil 800 de las cuales son de bosque comunal. La otra parte son de asentamiento o parcelas. Nuestra comunidad fue titulada de manera conjunta con otros dos núcleos agrarios: San Miguel Almaya y Santa María Coaxusco, en el municipio de Capuluac. Por ser comunidad somos un freno real al crecimiento de la mancha urbana, pero también aportamos servicios ambientales a Lerma, a Toluca, a Huixquilucan y al Distrito Federal, por el bosque que poseemos. Por eso es vital que defendamos nuestro territorio. Eso nos orilla a difundir nuestra situación y que la opinión pública considere la importancia que tiene nuestra comunidad. Defender el bosque es una medida tomada por la asamblea. Son bosques invaluables de oyamel que surten o mantienen la recarga de acuíferos. En estos bosques existen manantiales que surten al municipio de Huixquilucan, al municipio de Lerma, e incluso al DF.
Como comunidad nos preocupamos en mantener proyectos de vigilancia en tiempos de estiaje, entre febrero y mayo, cuando los incendios están a la orden del día. Tenemos programas comunitarios de brigadas contra incendios. Los comuneros, en brigadas de prevención, hacen brechas contra el fuego. Es un trabajo común que no es ni reconocido ni remunerado. Los planteamientos culturales son la base para la conservación, porque mediante el trabajo comunal se implementan trabajos. En cambio, una vez dándose el proceso de urbanización, se desarraiga el tipo de organización que permite entender los bosques, la tierra, el territorio, y los otros elementos que permiten entender la comunidad.
Para nuestra comunidad el bosque, y todo lo que en él nace, es sagrado. La milenaria relación de nuestro pueblo con sus montes y con sus aguas ha permitido la persistencia de nuestra cultura y la conservación de la ecología y gran parte de nuestras actividades religiosas y creencias se encuentran ligadas al bosque, por lo tanto la destrucción de nuestros territorios implica la destrucción de nuestra cultura.
De Atlapulco, la nube vuela a San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle. También su problema principal es el agua, pues el gobierno del estado concesionó a los floricultores de Villa Guerrero el río de Tlanixco. Los ejidatarios no se quieren dejar. El comisariado de San Pedro declara: «No nos vamos a dejar despojar del agua de nuestra comunidad. El gobierno concesionó todo un río a los floricultores de Villa Guerrero, pero esa agua es nuestra. Estamos a punto de que no nos exterminen».
Más allá, en Xalatlaco la comunidad defiende sus tierras, bosques y agua, frente a la avaricia de la Mercedes Benz.
Esta es la historia que se repite en las comunidades indígenas del estado de México. Es la misma historia de despojos, engaños, corrupción, represión. Pero la resistencia ya empieza también a ser historia común para todos estos pueblos. «Para todos» se repite la nube y, así como al entrar a estos suelos encontró un volante, al abandonar sus cielos un aire agita otro volante. En él se lee:
«Para todos todo.
Caciques y políticos de los tres partidos políticos (PRI, PAN Y PRD) nos quieren despojar de nuestras tierras. Para nosotros y el futuro de nuestros hijos la defensa de la propiedad comunal es importante porque:
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, enero de 2003.
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