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Palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Mar091997

A la Cocopa: No dialogaremos con el gobierno federal mientras no se cumplan las condiciones mínimas que hagan del proceso de paz algo serio, justo y digno. 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

México, 9 de marzo de 1997.

A la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA):

Señores legisladores:

Después de muchos contratiempos (entre los que se incluyen superar el cerco, la vigilancia militar, las constantes patrullas aéreas y terrestres, el mal tiempo, el aislamiento, y los etcéteras que la guerra y la selva suman y multiplican) pudimos recibir su carta pública fechada el 4 de marzo de 1997, es decir, casi dos meses después, si la memoria no nos falla, de que les pidiéramos que definieran su posición respecto a la crisis terminal provocada por el gobierno con su contrapropuesta de reforma constitucional en materia de derechos indígenas.

Sin embargo, su carta está plagada de imprecisiones, omisiones y medias verdades. Por eso, me permitiré hacer un breve recuento de los hechos y evitar así que, dentro de la campaña de desinformación que el gobierno ha desatado en los últimos días, su texto contribuya a la confusión actual. Sale y vale:

A finales de agosto de 1996 (8 meses después de que se firmaran unos acuerdos y no se cumplieran), las bases de apoyo del EZLN ordenaron al CCRI-CG que suspendiera su participación en el diálogo de San Andrés. La suspensión se dio por la falta de seriedad gubernamental en el diálogo. El incumplimiento de acuerdos pactados, los presos políticos, el hostigamiento militar y paramilitar, el mantenimiento de una delegación racista e incapaz, y la falta de propuestas serias en el tema de Democracia y Justicia, son sólo botones de la gigantesca muestra de que el gobierno jugó, y juega, con la guerra en contra de los indígenas mexicanos. Se plantearon entonces nuestras cinco demandas para la reanudación del diálogo. (Por cierto, el EZLN demandó y demanda un interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, voluntad política y respeto a la delegación zapatista, y no el «fortalecimiento de la interlocución gubernamental», como dicen ustedes en su carta. El hecho de que el señor Zedillo desconozca los acuerdos a los que llegó su delegación confirma que los señores Bernal y Del Valle no tenían, ni tienen, ninguna capacidad de decisión. De su carencia de voluntad política y su falta de respeto habla su historia).

La COCOPA se propuso entonces una serie de iniciativas para reanudar el diálogo. Se pactaron las llamadas «reuniones tripartitas» entre la CONAI, la COCOPA y el EZLN para discutir y acordar salidas que no sólo resolvieran esa crisis, sino que redefinieran el marco del diálogo y lo volvieran más expedito. En los hechos, la delegación gubernamental había sido desplazada y un nuevo actor, la COCOPA, aparecía. Los señores Bernal y Del Valle habían llevado el proceso de crisis en crisis y el fracaso de su método estaba ya comprobado.

Después de lograr la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (no sin antes haber librado importantes obstáculos interpuestos por los señores de Gobernación), la COCOPA se avocó a resolver el punto del cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno y el EZLN en la mesa de Derechos y Cultura Indígenas. El EZLN aceptó la proposición de que la COCOPA elaborara una iniciativa de reforma constitucional, tarea que le posibilitaba su papel de coadyuvante. Entonces, para construir esa iniciativa, la COCOPA se asumió como correo en esa etapa (a pesar de nuestra advertencia de que no resultaría) y presentó las propuestas de cada parte a su contrario. Después de fracasado este método (como ya había fracasado en la mesa de San Andrés), las partes acordaron que la COCOPA redactara un documento sobre los acuerdos y que, sobre ese documento, se pronunciarían tanto el EZLN como el gobierno federal.

Recordarán ustedes que, habiendo obtenido este acuerdo de las partes para que la COCOPA redactara un solo documento («para no estar intercambiando infinitamente propuestas», palabras textuales de ustedes) y que sobre ese documento se definirían las posiciones respectivas, trabajaron una propuesta de iniciativa de ley. Ustedes presentaron su documento del 29 de noviembre de 1996 advirtiéndonos que ese era el último esfuerzo de la COCOPA, que sólo aceptaban un sí o un no al documento y que, en caso de una respuesta negativa de cualquiera de las partes, la COCOPA consideraría que había fracasado en su labor de coadyuvancia y se desintegraría. En esas fechas ustedes nos dijeron que idéntica advertencia le habían hecho al gobierno federal. Nosotros reconocimos que el esfuerzo de la COCOPA era útil y que, a pesar de que no incorporaba la totalidad de los acuerdos de San Andrés en ese tema, significaba un avance.

Después (sigamos pidiendo ayuda a la memoria), como recordarán ustedes, el secretario de Gobernación (creo que todavía es Emilio Chuayffet Chemor) aceptó el documento y sólo les pidió que esperaran el regreso del señor Zedillo (en ese entonces de viaje) para hacer pública su aceptación. Posteriormente siguió la cobardía del señor Chuayffet y su falta de honestidad, cuando negó que hubiera aceptado el texto, alegando que ni siquiera lo había leído y que su respuesta había sido afirmativa porque entonces estaba bajo el influjo de una conocida (para él) bebida alcohólica llamada chinchón (o algo así). Entonces, el señor Zedillo habló con ustedes y nos pidió a nosotros tiempo para dar su respuesta (o tal vez para dejar que el señor Chuayffet se recuperara de los chinchones). Dos semanas después, el gobierno respondió con una auténtica contrapropuesta que no sólo ignora la de la COCOPA, sino que pretende renegociar toda la mesa sobre Derechos y Cultura Indígenas. Nosotros conocimos el documento del gobierno y, por supuesto, lo rechazamos. Entonces, hace dos meses ya, les pedimos que la COCOPA fijara su postura ante esas pretensiones del gobierno.

El no zapatista a la contrapropuesta de Zedillo desató un intenso y rico debate, nacional e internacional, sobre el tema de los derechos indios. Particularmente, los puntos sobre autonomía, normatividad y participación política de los pueblos indígenas suscitaron intervenciones y opiniones interesantes y esclarecedoras. El señor Zedillo encontró nulo apoyo inteligente a sus ya endebles argumentos en contra del reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indios.

Salvo la del nuevo ideólogo del fascismo mexicano, Ignacio Burgoa Orihuela, ninguna voz se atrevió a hacerse eco del fantasma de la balcanización. Esto provocó que el propio Zedillo tomara la raída bandera del racismo y que, seguido de la Secretaría de Gobernación (con o sin chinchones, ¿who knows?), insistiera en que no cumpliría con los compromisos que sus representantes habían firmado el 16 de febrero de 1996.

En menos de dos semanas, el gobierno perdió el debate nacional y no pudo sostener más alguna razón de peso para rechazar la propuesta de COCOPA. Entonces vinieron el silencio y los intentos de minimizar la crisis final del diálogo entre el gobierno y el EZLN. Pronto quedó claro que el gobierno no tenía, ni tiene, ningún argumento para rechazar la propuesta de la COCOPA y no cumplir con su palabra. La verdadera razón: nunca hubo intención del Ejecutivo federal de cumplir los acuerdos y resolver el conflicto por la vía pacífica, se reveló con nitidez y contundencia. Sólo el autoritarismo, la prepotencia y la ceguera, que son intrínsecos al presidencialismo, llevaron la crisis a su peor punto, éste que ahora delinea su respuesta, señores legisladores.

Hay más, señores legisladores, su carta omite la cuestión principal. ¿Cuál es su posición respecto a la contrapropuesta del gobierno federal? Tal vez convenga conocerla ahora, cuando prácticamente han sido echados a un lado del proceso por el gobierno federal.

Dice su carta pública que sostienen la propuesta del 29 de noviembre de 1996. Pero las consideraciones que hacen, contradicen esta aseveración, porque no la llevan adelante y, además, proponen reabrir la negociación. ¿No? Bueno, es cierto, no proponen reabrir la negociación. En realidad proponen que todo vuelva a comenzar, que hagamos como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran habido guerra y diálogo y negociación y traición y hostigamiento y persecución y mentira y engaño y chantajes y racismo y etcétera. Nos proponen que volvamos atrás. ¿Qué tan atrás? ¿Hasta la traición del 9 de febrero de 1995?

Dicen ustedes que la mayoría de los consultados estima que es perfectible el texto, que el problema es evitar «imprecisiones o confusiones en su alcance, interpretación y contenido» (punto 4 de su carta). No es así; el debate público así lo demostró. La mayoría de los que se han pronunciado sobre el tema sostienen que el problema es político y que se articula en torno a los tres ejes de la estrategia actual (si es que existe alguna) del gobierno federal para el EZLN: a) No reconocer los derechos de los pueblos indios, b) No cumplir los acuerdos firmados, c) No resolver el conflicto por la vía pacífica.

Ustedes señalan que «el procedimiento planteado por la COCOPA no alcanzó su objetivo porque las partes no aceptaron el texto propuesto» (punto 5 de su carta). La verdad es que las partes sí aceptaron el texto propuesto por la COCOPA, pero una de ellas (el gobierno federal) se desdijo y dio marcha atrás, argumentando el alcoholismo del titular de la Secretaría de Gobernación.

Es de preocupar, precisamente ahora que se renovará el Poder Legislativo federal, lo que señalan en el punto 6 de su misiva: «La COCOPA considera que enviar unilateralmente la propuesta original como iniciativa al Congreso de la Unión, es una opción que no tendría viabilidad de aprobación legislativa». Escalofriante. Aquí la COCOPA reconoce que el Poder Legislativo no es independiente del Ejecutivo. Si reconocen esta inviabilidad, ¿qué van a argumentar sus partidos políticos en la campaña electoral que culmina el 6 de julio de 1997? ¿Para qué participar en las elecciones al Congreso si las iniciativas que no sean del Ejecutivo no pueden pasar?

En su carta, señores legisladores, se olvida que es una de las partes, el gobierno federal, la que se niega a cumplir lo que pactó y, por lo tanto, hace imposible la continuación del proceso de paz. La COCOPA solicita una reunión, pretendiendo ignorar que las condiciones militares han cambiado, que la persecución en contra de los dirigentes del EZLN se ha incrementado (detalles: nuevas posiciones militares que cierran el cerco táctico sobre la zona del Aguascalientes de La Realidad, aumento del hostigamiento, grandes columnas terrestres artilladas (tres veces mayores en número y tres veces más frecuentes) en la ruta de La Realidad; constantes patrullajes aéreos nocturnos; alianza descarada de guardias blancas y policías en el norte de Chiapas; aumento de los desalojos; unidades especiales del Ejército recabando datos y buscando a la dirigencia zapatista; aumento de las deserciones en las filas federales por la certeza de una ofensiva gubernamental inminente), y que la confianza ha sufrido un golpe mortal.

Las posiciones de la COCOPA se fijan por consenso. ¿Esto significa que los cuatro partidos políticos representados en la comisión legislativa federal están de acuerdo con su derrota y subordinación al Ejecutivo? ¿Por qué o cómo se llegó a este consenso? ¿Dónde quedó la «sana distancia» entre Zedillo y el PRI? ¿Qué les pudieron ofrecer a los partidos de oposición para que decidieran apoyar este rendirse de la COCOPA, y que apoyaran al PRI y a Zedillo en sus planes aniquiladores?

Ustedes se han demorado casi dos meses en fijar su posición ante la negativa gubernamental a cumplir con los acuerdos de San Andrés. Responden hasta ahora, cuando las últimas lluvias desaparecen en la selva, cuando las fuerzas gubernamentales tienen las mejores condiciones climatológicas para un ataque militar.

El golpe presidencialista que los hace a un lado, señores legisladores, sumado a las condiciones de hambre que el llamado «período de seca» impone a los pueblos indios en Chiapas, suponen que nos obligará a aceptar las pretensiones del señor Zedillo de dar marcha atrás en el cumplimiento de los acuerdos que su delegación firmó en San Andrés hace más de un año. El gobierno pretende usar a la COCOPA como ayuda para la guerra.

Señores legisladores, tal vez supongan ustedes que su posición destrabará el diálogo y hará posible el reinicio del proceso de paz. Se equivocan. No se destraba el diálogo; se le pone en su límite último de ruptura.

No hay que olvidar que es la COCOPA la única que puede declarar roto el diálogo. Es de esperar que, después de obligarla a aceptar la negativa del gobierno a cumplir los acuerdos, el señor Zedillo pretenda que la COCOPA le otorgue la legalidad para el ataque militar. Para eso necesita que se declare la ruptura del diálogo.

La ruptura; es decir, la guerra. La eterna amenaza con la que la delegación gubernamental creía suplir su mediocridad y falta de inteligencia y creatividad.

La ruptura y la guerra, el temor que obligó a la mediación a titubear y hacerse a un lado.

La ruptura y la guerra, la amenaza para querer doblar o comprar (ni modo, fracasaron en esta parte) conciencias de asesores e invitados del EZLN.

La ruptura y la guerra. No las tememos, las imaginábamos ya desde que el gobierno daba muestras de aparentar soluciones y reiterar problemas; nos preparamos para ella, estamos listos.

Dadas las últimas señales (entre las que se incluye la carta de ustedes), no nos sorprenderían.

Tal vez la Secretaría de Gobernación trata de hacernos aparecer como el pretexto que necesita el gobierno estadunidense para «provocar una crisis en México».

Pero se equivocan, Chuayffet y los gringos, si piensan que nosotros nos vamos a prestar a ese juego, o vamos a permitir que se apoderen de la poca soberanía nacional que Salinas y Zedillo nos han dejado a los mexicanos. Si es necesario, pelearemos; pero no para beneficio de extranjeros.

Nosotros, los indígenas y mestizos del EZLN, queremos ser parte de México, de un país libre, soberano e independiente. El México actual no lo es, pero lo transformaremos; no lo fragmentaremos.

Pero, bueno, este es otro asunto. Volvamos a su carta y a la crisis del diálogo.

Este es el resumen de la situación, señores legisladores:

  • Se acordó una reforma constitucional. No se cumplió.
  • Se acordó que la COCOPA la elaborara. No se cumplió.
  • Se acordó aceptar la propuesta de la COCOPA. No se cumplió.
  • Se acordó que la COCOPA no aceptaría contrapropuestas, sino sólo posiciones sobre su documento. No se cumplió.

En ninguno de los casos es el EZLN el incumplido.

Mientras los incumplimientos se prodigan, el Ejército federal avanza en sus posiciones (en El Corozo hay un nuevo destacamento de 100 federales dedicados a embriagarse y a violar mujeres indígenas del PRI; otra unidad tomó posición en Luis Espinoza), lanza unidades especiales para cazar a dirigentes zapatistas (en todas las cañadas preguntan por Marcos, cuántas armas tiene, cuántas balas, cuánta gente lo acompaña, en dónde acampa), cierra más los cercos estratégicos y tácticos (la comunidad de La Realidad, donde acostumbrábamos reunirnos con ustedes, está prácticamente sitiada y todos los días la vigilan grandes columnas de vehículos artillados y tropas especiales de asalto), se inventan desalojos para provocar choques armados (Palenque, Chiapas, es ejemplo de hoy), se les da impunidad y apoyo policiaco a las guardias blancas (la comunidad Paraíso, en Sabanilla, vive en estado de excepción), se persigue y asesina a indígenas (el norte, siempre el norte chiapaneco), se hostiga y encarcela a los asesores del EZLN que creyeron que la paz con justicia y dignidad era posible, y algunos de ustedes hablan sólo para exigir la desaparición de la CONAI.

Apenas hace unos días, dos dirigentes indígenas de la organización pacífica Xi Nich, Francisco González Gutiérrez y Ramón Parcero Martínez, y dos sacerdotes jesuitas, Gonzalo Rosas Morales y Jerónimo Alberto Hernández López (este último fue asesor del EZLN en el proceso de paz), fueron detenidos y torturados después de que la criminal policía del igualmente criminal Ruiz Ferro destruyó casas indígenas en Chiapas. El operativo de desalojo de la heroica policía estatal fue dirigido por ricos ganaderos, y su torpeza provocó un fuego cruzado entre los mismos policías. Resultado: muertos y heridos de las fuerzas del estado. ¿Los nombres de los verdaderos responsables de este choque y su saldo? Respuesta: los ganaderos Manuel Huerta y los hermanos Raúl y Javier Padilla Beltrán. Pero el socio de Raúl Salinas de Gortari no podía aceptar públicamente que su policía sirve a ganaderos, así que inventó un ataque, y el Ejército federal y la Secretaría de Gobernación le dieron los nombres de los que debían aparecer como culpables.

¿Piensan ustedes que nosotros vamos a permanecer impasibles? ¿Creen que nos quedaremos callados?

En el punto 2 de su carta dicen que «la COCOPA tiene por ley el mandato de coadyuvar en el proceso de paz». Aquí les he hecho una apretada reseña del clima político y militar que se vive acá, muy lejos de sus oficinas de El Caballito.

A pesar del silencio en los medios de comunicación nacionales; a pesar de las apuradas y contradictorias declaraciones del vocero de la Presidencia; a pesar de las campañas electorales; a pesar de las encuestas de popularidad; a pesar de que algunos piensan que es reiterativa, cansada, aburrida, vacía e inútil nuestra advertencia de que la guerra se hace inevitable; a pesar de todo esto, la paz se aleja cada vez más de estas tierras mexicanas. Así que permítanme preguntarles, señores legisladores, ¿qué están haciendo para resolver todo esto?

Ustedes dicen que buscan alternativas de solución, «entre otras la reconstrucción de la interlocución directa entre las partes» (punto 7 de su carta). Este intento de deshacerse de la Comisión Nacional de Intermediación, vieja obsesión gubernamental de la que ustedes se hacen eco ahora, ¿es una de las características de la neutralidad de la COCOPA? ¿Tiene que ver con la detención en Palenque de los dos sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal? ¿Hay que quemar casas de indígenas pobres, provocar choques, matarse entre policías, sembrar pistolitas en sacerdotes pacíficos y repetir como perico la mentira de «nadie está por encima de la ley», todo para deshacerse de la mediación? ¿Todo esto para acompañar la solicitud de la COCOPA de reconstruir la «interlocución directa entre las partes»?

El gobierno dice otra vez que quiere dialogar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Quién o qué garantiza que esta triste historia de engaño a los indígenas mexicanos no se repetirá una y otra vez? ¿Qué es lo que se va a acordar ahora y no se cumplirá mañana? ¿Vamos a arriesgar todo para que todo siga igual? ¿Vamos a permitir que nos traicionen de nuevo? ¿Va el gobierno a tratar de engañar de nuevo a México y al mundo fingiendo un diálogo y una solución política?

No, el gobierno no quiere diálogo. Busca afanosamente razón y argumentos que le permitan un uso mayor de la fuerza.

Déjenlos, que recomiencen la guerra, que prueben a ver si el tiempo nos derrota, que intenten el asesinato, que reiteren engaños y mentiras, que repartan todo el dinero que quieran entre los medios de comunicación, que se presten a cerrar bocas y planas, que mientan con programas sociales que sólo enriquecen a la pandilla de ladrones de Ruiz Ferro -Eraclio Zepeda y banda que los acompaña-, que ignoren, que olviden, que maten.

Adelante, acá estamos. No nos dejaremos engañar, no nos rendiremos, pelearemos, moriremos si es necesario, pero habrá democracia, libertad y justicia para los pueblos indios y para todos los mexicanos.

Señores legisladores:

La apuesta gubernamental es clara, pero si creen que la miseria y la presión militar nos rendirán, se equivocan.

Si creen que nuestra «baja popularidad en la opinión pública» nos preocupa y nos obligará a aceptar cualquier cosa para no perder prensa, se equivocan.

Si creen que el temor a la muerte y a la destrucción nos obligará a un diálogo estéril y mentiroso, se equivocan.

Nosotros no tenemos un fuero político que cuidar, ni un índice de popularidad que mantener, ni un porcentaje de encuestas que subir, ni un puesto de elección popular que ganar, ni un sistema político podrido que tratar de salvar.

Nosotros no tenemos nada, sólo la dignidad.

Alguien tiene que decir ya basta, alguien tiene que tener honor, alguien tiene que tener palabra, alguien tiene que ser consecuente.

Nosotros, se entiende, no tenemos nada que perder, así que les repetimos a ustedes, al gobierno, a los partidos políticos, a México, al mundo: ¡Ya basta!; y reiteramos honor, palabra y consecuencia.

No dialogaremos con el gobierno federal mientras no se cumplan las condiciones mínimas que hagan del proceso de paz algo serio, justo y digno.

Vale. Salud y que la pesadilla que sigue sirva, como todo, para parir el mañana.

Desde las montañas del sureste mexicano

Subcomandante Insurgente Marcos

México, marzo de 1997.

 

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