Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México, 29 de agosto de 1996.
Al pueblo de México:
A los pueblos y gobiernos del mundo:
Hermanos:
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional informa sobre su valoración de la situación actual y el resultado de la consulta con las bases de apoyo zapatistas.
I. El diálogo de San Andrés, fracaso de la estrategia gubernamental del «olvido» y el «achicamiento».
El «olvido». Después de los primeros acuerdos de San Andrés, en el tema de «Derechos y Cultura Indígena», el gobierno desplegó su estrategia de alargar el cumplimiento de estos acuerdos y dificultar hasta el absurdo cualquier medida que apuntara a su concreción. Como advertimos los zapatistas desde un principio, los papeles no garantizan nada, y no se traducen en soluciones a la grave situación de los pueblos indios si no se acompañan de acciones concretas. El EZLN aceptó los acuerdos con el objetivo de demostrar a los pueblos indios, a la nación mexicana y a la opinión pública internacional, que el gobierno no quiere solucionar de fondo la problemática indígena nacional. El gobierno aparenta que tiene disposición para hacerlo, pero de ninguna manera está dispuesto a modificar radicalmente la relación entre la nación y los indígenas mexicanos.
Siete meses después, el llamado tema 1 de San Andrés está en cero, como si nada se hubiera dialogado, como si no se hubiera negociado nada, como si nada se hubiera acordado. Los acuerdos en «Derechos y Cultura Indígena» no se han cumplido ni se ha hecho nada para cumplirlos. Son sólo papel muerto. Sigue sin instalarse la Comisión de Seguimiento y Verificación, base fundamental para el cumplimiento de acuerdos.
La delegación gubernamental puede hacer caso omiso de este detalle, lo puede minimizar la Cocopa, lo puede pasar por alto la Conai, lo puede «olvidar» la prensa, puede no darle mucha importancia la sociedad civil. Pero los pueblos indígenas no. La mesa de San Andrés reitera su proyecto de fracaso en la medida en que lo que se acuerda no se cumple.
El «achicamiento». Durante todo el desarrollo de la llamada «Mesa 2 de Democracia y Justicia», la delegación gubernamental basó su estrategia de negociación en la intransigencia y la cerrazón. Empeñada en hacer fracasar la negociación de este tema, el gobierno buscó reducir la mesa de Democracia y Justicia, primero, a cuestiones locales, y luego, a puras declaraciones abstractas.
Mientras la reforma electoral estaba empantanada en las dirigencias de los partidos políticos con registro, el gobierno usó el «sube y baja» del perfil de la mesa de San Andrés con el fin de presionar a las organizaciones políticas para que aceptaran una reforma vaga e indefinida. Pero no ha hecho sino diferir su crisis hasta el momento en que se discutan las leyes reglamentarias y las reformas constitucionales específicas. «Poco en Bucareli y nada en San Andrés» fue la consigna que, aun a riesgo de reventar todo el diálogo de San Andrés, siguió la delegación gubernamental. Primero con la ceguera, la mudez y la sordera heredadas de su patrón, el ahora fugitivo Carlos Salinas de Gortari; después con la falta de propuestas concretas y, finalmente, con la burla a un esfuerzo serio de la delegación zapatista y el grupo de asesores, el gobierno transitó por toda la etapa de negociación de este tema con la meta del fracaso total. Lo lograron.
Ratificando su intransigencia a siquiera discutir los temas fundamentales de la vida política del país, el gobierno ratificó su postura frente a la reforma del Estado: discutir abstracciones y no reformar nada. Ratificando a la actual delegación gubernamental, el gobierno ratificó su actual política indigenista: prepotencia, racismo e intolerancia. El gobierno insiste en ver a los indígenas como sujetos de recibir limosnas y fotografías, pero no como actores políticos.
II. Los presuntos zapatistas, rehenes del terrorismo de Estado.
El titular de la PGR, el señor Lozano Gracia, incapaz e inepto para dar con los verdaderos autores de los grandes crímenes que han sacudido al país en los últimos años, cómplice de los grandes cárteles del narcotráfico, y empeñado en ocultar la responsabilidad del señor Carlos Salinas de Gortari en los magnicidios y en el robo al erario nacional, trata de levantar su pobre imagen a costa de la condena de los presuntos zapatistas, en contubernio con el Poder Judicial que representa el señor Jorge Luis Silva Banda, quien dio por valederas declaraciones arrancadas con tortura.
Con la condena a los presuntos zapatistas de Yanga, el gobierno federal insiste en tratar al EZLN como si fuera una pandilla de delincuentes a la que se entretiene con una mesa de negociación mientras se le golpea y se siembra el terror entre todo el que tenga que ver o haya podido tener que ver con el zapatismo. En sentido contrario a la PGR y al Poder Judicial, el subsecretario de Gobernación, el señor Núñez, declara que «el gobierno no negocia con delincuentes y terroristas» (para argumentar por qué no negocian con el EPR), pero trata y condena como delincuentes a ciudadanos acusados de ser parte del EZLN, organización con la que negocia.
Los presuntos zapatistas son disputados por las parcelas del poder dentro del gobierno. Ese monumento a la ineptitud , la PGR, los usa para remendar su descosida imagen; el Ejecutivo federal los usa como argumento del «Estado de derecho»; la delegación gubernamental los usa para tratar de obtener ventajas en la mesa de San Andrés, y el Poder Judicial los usa para ratificar que su pago a la justicia es tan lejano como convenga al gobierno. Rehenes disputados por el poder para someter al EZLN: en eso se han convertido los ciudadanos presuntos zapatistas.
III. El «Estado de derecho» en Chiapas: militarización, desgobierno, represión y persecución.
En el suroriental estado mexicano de Chiapas, el cómplice del ladrón Raúl Salinas de Gortari y supuesto «gobernador» del estado, el señor Ruiz Ferro, ha tratado en vano de dar careta legal al estado de sitio en que vive la población chiapaneca. Con el único aval del centro (que declara sin rubor alguno que «Ruiz Ferro gobierna con el apoyo de la mayoría de los chiapanecos», olvidando que este señor no fue elegido por los chiapanecos sino impuesto por los militares), Ruiz Ferro y su banda (encabezada por Eraclio Zepeda y Uriel Jarquín) han sumido en el terror a miles de familias indígenas por medio de los escuadrones paramiliares que, paradójicamente, se nombran guardias blancas.
Con la torpe ayuda del señor Carlos Rojas y su fallido programa de «Solidaridad», el señor Ruiz Ferro pretende engañar a la opinión pública nacional e internacional con una derrama económica que no tiene más destinatario que sus cuentas bancarias, las de funcionarios del más diverso tipo y las de «líderes» corruptos que han vendido sus movimientos y su gente a cambio de un beneficio personal y un engaño colectivo.
En el norte del estado funciona, de facto, un poder que no tiene nada de «Estado de derecho». Ni el gobierno federal, ni el estatal, ni los militares, ni el EZLN: en el norte de Chiapas gobierna la brutalidad de una guerra civil que es ya inocultable. En su afán de remediar su pobre imagen, el «gobierno» del estado viola la ley federal del 11 de marzo de 1995 y detiene ilegalmente a zapatistas bases de apoyo en el norte de Chiapas. Remedando la caricatura que está al frente de la PGR, el señor Ruiz Ferro ordena golpear zapatistas y apoyar guardias blancas para simular que hay ley en Chiapas.
Por su parte, los verdaderos gobernantes de Chiapas (es decir, los militares), siguen sus planes de aniquilamiento no sólo de los zapatistas, sino de toda persona digna y rebelde en estas tierras del sureste. A pesar de las acciones militares del EPR en otras partes del país, la cantidad de tropas federales en el teatro de operaciones del sureste no ha disminuido. Al contrario, ha aumentado y mejorado la calidad de su técnica y de la composición de sus soldados. El sistema político mexicano sabe que su real desafío está en las montañas del sureste mexicano. Tropas aerotransportadas, especializadas en la persecución y aniquilamiento en terreno selvático, han sido colocadas en los diferentes puntos de despliegue militar dentro de la llamada «zona de conflicto». Los patrullajes por aire y tierra continúan y aumentan su tiempo y frecuencia. Las columnas terrestres han incorporado tanquetas y armamento pesado en sus convoyes. Hay una creciente inquietud dentro de las guarniciones federales y ha aumentado el número de deserciones entre la tropa gubernamental (como siempre ocurre cuando los federales se preparan para una acción ofensiva) y son ya incontrolables los rumores de que el Ejército prepara una acción relámpago contra los zapatistas… como respuesta a las acciones del EPR. En este contexto, las comunidades indígenas son usadas como rehenes de una negociación que pretende lo imposible: la rendición incondicional de los zapatistas.
La aparición del Ejército Popular Revolucionario no ha sido leída por el gobierno como un nuevo y urgente llamado a abrir los espacios de participación democrática, a cesar con la impunidad y a modificar la política económica. No, el gobierno ha leído la aparición del EPR como la posibilidad de tender la trampa de la opción entre «guerrilla buena» y «guerrilla mala» en la negociación con el EZLN. Esperando el lógico deslinde del EZLN respecto al EPR, el gobierno espera que los zapatistas «ahora sí» acepten cualquier cosa que se les ofrezca y lo acompañen (al gobierno) en su campaña de ataques en contra del EPR. Se equivoca el gobierno. Aquí, en las montañas del sureste mexicano, no hay «guerrilla buena» y «guerrilla mala»: hay ciudadanos rebeldes en armas que no tienen espacios democráticos de participación política pacífica y sí tienen una base social harta de declaraciones de bonanza y repunte económicos, y de realidades de miseria. Somos diferentes al EPR, pero no somos sus contrarios.
Por otro lado, la Secretaría de Gobernación, a través de Migración, los militares y las autoridades estatales realizan una campaña permanente de persecución y hostigamiento contra extranjeros. Hombres y mujeres de todo el mundo han venido a prestar su ayuda a comunidades indígenas para que vivan, mientras el gobierno busca que mueran. Estos extranjeros son acusados de «colaborar con el EZLN», olvidando que no es al EZLN al que vienen a ayudar, sino a las comunidades indígenas; olvidando que hay una ley que prohíbe la investigación policiaca y el ejercicio de acciones penales en asuntos referentes al EZLN, y olvidando que lo que buscan las autoridades no es la defensa de la soberanía nacional sino la eliminación de «testigos incómodos» de la guerra genocida que pretenden llevar adelante.
A nivel nacional, el gobierno lleva adelante una doble estrategia de comunicación y prensa respecto a los zapatistas: silencio y hostigamiento. Silencio ante el clima violento que se vive en todo el territorio chiapaneco y hostigamiento contra todo lo que tenga que ver o pudiera tener que ver con el zapatismo. Ahora atacan a los miembros del FZLN, a los asesores en la mesa de San Andrés y a los extranjeros. Mañana acusarán a los invitados. Después a la población indígena. Entonces estará listo el escenario virtual de la guerra real.
Hermanos y Hermanas:
¿Cómo mantener una negociación en estos términos? ¿Cómo continuar un diálogo cuya mesa se sostiene sobre la muerte y la privación de la libertad de rehenes en las cárceles y en los poblados indígenas? ¿Qué hacer en una mesa de negociación cuyo objetivo es la simulación y hacer avanzar la opción de la solución violenta? ¿Debemos permitir que la mesa de San Andrés se convierta en la «pantomima» que desea la delegación gubernamental?
En estos días el CCRI, jefatura indígena y suprema del EZLN, ha realizado una consulta con decenas de miles de hombres y mujeres indígenas. En ella hemos preguntado a nuestros pueblos sobre lo ocurrido en la fracasada mesa 2 de «Democracia y Justicia» del diálogo de San Andrés. Pero también hemos consultado lo que piensan los pueblos de lo que pasa y lo que deberíamos hacer ahora. La consulta ha servido para que los pueblos expresen su desencanto por los resultados de San Andrés y para ratificar su decisión de luchar, hasta las últimas consecuencias, por la democracia, la libertad y la justicia.
Los pueblos zapatistas se han manifestado por la paz, pero no a cualquier precio. Se han pronunciado por la paz nueva que se basa en el respeto y la dignidad, la paz de vida, y no por la paz que busca el aniquilamiento, la rendición y el engaño, la paz de muerte. «No dejarse engañar, no venderse, no rendirse», ésta es la orden que nos dan los pueblos.
Por tanto:
Los pueblos han ordenado a la delegación del EZLN en el diálogo de San Andrés que suspenda su participación en las sesiones con la delegación gubernamental y que no asistan a la reunión programada para el 4 de septiembre próximo sin importar las consecuencias de esta decisión, hasta que el gobierno se comprometa con seriedad en la vía política.
Los pueblos han ordenado a la CG del EZLN que tome las medidas necesarias para proteger al CCRI y para defender a los pueblos en el caso de que sean atacados. Los pueblos ratificaron su decisión de resistir peleando si son agredidos por las tropas gubernamentales.
En consecuencia, este Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional declara:
Primero. El CCRI-CG del EZLN ha suspendido su participación en los diálogos de San Andrés y avisa que su delegación no asistirá a la sesión programada para el día 4 de septiembre de 1996, ni a las posteriores, hasta que existan garantías de un compromiso serio por parte del gobierno.
Segundo. El EZLN no seguirá en el diálogo hasta que existan condiciones que garanticen el compromiso del gobierno en una salida seria, política e incluyente.
Liberación de todos los presuntos zapatistas actualmente presos y de las bases de apoyo zapatistas detenidos en el norte de Chiapas.
Interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, voluntad política de negociación y de respeto a la delegación zapatista.
Instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, y cumplimiento de los acuerdos de la mesa 1, «Derechos y Cultura Indígenas».
Propuestas serias y concretas de acuerdos para la mesa de «Democracia y Justicia» y compromiso de lograr acuerdos en este tema.
Fin al clima y persecución y hostigamiento militar y policiaco en contra de los indígenas chiapanecos y desaparecidos de los guardias blancas (o una ley que las reconozca institucionalmente y las uniforme para que no operen impunemente).
Estas son algunas de las condiciones mínimas que ayudarían al diálogo. Todas estas condiciones están dentro del marco legal y la voluntad política que necesita el logro de la paz.
En resumen, demandamos respeto y seriedad.
Tercero. La Comandancia General del EZLN ha tomado ya todas las disposiciones defensivas para responder al ataque que, con el pretexto de la suspensión del diálogo, las acciones del EPR o cualquier otra razón, pretenda llevar adelante el gobierno. El EZLN no realizará acción militar ofensiva alguna, pero está dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias el derecho de los pueblos a una paz digna y justa, una paz nueva.
Cuarto. El EZLN agradece a los miembros de la Cocopa y la Conai el esfuerzo que hasta ahora han realizado para conseguir que el diálogo avance. Desgraciadamente, estos esfuerzos han sido inútiles debido a la terquedad gubernamental, que insiste en tratarnos como delincuentes.
Quinto. No vemos en el EPR a un enemigo ni a un rival. Sin embargo, el EZLN no tiene relación alguna con el EPR y la lógica política y militar del EZLN responde a su situación interna y a sus demandas propias, y no a la lógica de otras organizaciones. El EZLN advierte que los ataques gubernamentales contra el EPR pretenden afectar también a luchadores y organizaciones políticas y sociales que luchan, por medios pacíficos, por la democracia, la libertad y la justicia en México.
Sexto. El EZLN recuerda a la opinión pública nacional e internacional que, como parte de su esfuerzo de paz nueva, miles de ciudadanos mexicanos trabajan, por medios civiles y pacíficos, en la construcción del EZLN. Estos ciudadanos luchan por la paz y deben ser respetados en su vida, libertad y bienes.
Séptimo. El EZLN llama a la sociedad civil nacional e internacional a movilizarse en México y en el mundo por el cumplimiento de las condiciones necesarias para que el diálogo fructifique en la paz nueva que los pueblos zapatistas quieren, necesitan y merecen.
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
Desde las montanas del Sureste Mexicano
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional México, agosto de 1996.
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