[15 de febrero de 1996]
La primera fase de las negociaciones con el gobierno federal ha concluido, la correspondiente al tema Derechos y Cultura Indígena. ¿Cuál es el carácter de esta negociación? ¿Cómo es que el EZLN concibe el Diálogo de San Andrés?
Primeramente, los zapatistas han convertido lo que pudiera haber sido solamente una negociación entre las dos partes en un diálogo abierto, participativo e incluyente, de cara a la sociedad y con la participación de las más amplias corrientes de opinión, de todas las que se puedan involucrar en la discusión de cada tema. Porque la política del EZLN ha sido participar en una negociación en donde no se concibe a sí mismo como una fuerza que camina hacia su rendición o su desaparición, como el gobierno ha querido hacer creer a la opinión pública durante esta primera parte del diálogo, sino como una organización armada, de fuerte base social, que está transitando hacia convertirse en una fuerza política nacional, creciendo en el ánimo de construir un camino más amplio e incluyente con el resto de los mexicanos, y convertirse en una fuerza que vaya abriendo los espacios para que por allí transiten otras voces, otros pasos, otros corazones. El EZLN ha sido acompañado en todo este proceso, y desde el fin de la primera etapa de la guerra, por una sociedad civil que se ha comprometido crecientemente bajo nuevas formas de relación política, y con su actitud ha marcado un parteaguas histórico en el devenir reciente de la vida nacional, colocando a este presente en el futuro inmediato: es la primera vez que una organización opositora, y en este caso rebelde ante el orden establecido, incluye a la sociedad en su conjunto en una negociación que tiene por meta final la transición a la democracia.
A pesar de que el EZLN es el que negocia, el interlocutor reconocido por el gobierno federal en este diálogo, considera que el actual gobierno, inmerso en una crisis que ha aumentado su autoritarismo, tiene cerrados todos los demás canales de diálogo con la sociedad. Han sido las armas y la creciente autoridad moral de los zapatistas las que han obligado al mal gobierno a aceptar una negociación, y en esta parte a tener que reconocer la capacidad de convocatoria nacional que se ha expresado en las diferentes mesas y en el Foro Nacional Indígena de enero de 1996. Poco a poco, y acompañado en su andar por la mayoría de las organizaciones indígenas, los zapatistas han ido incluyendo en la agenda de San Andrés demandas que provienen de todos los rincones del México negado, del México profundo. Las mesas siguientes, sobre Democracia y Justicia, y sobre Bienestar y Desarrollo, ampliarán aún más la participación de sectores urbanos y del resto de los actores involucrados en la vida económica, política y social del país…
Para evitar la generalización de la violencia y contribuir a una paz con justicia y dignidad, los zapatistas han hecho todo por que las demandas del pueblo mexicano se puedan expresar en este único puente de acceso hacia un gobierno que ha perdido legitimidad y control, que entrega pedazo a pedazo la soberanía nacional y que mantiene oídos sordos ante los reclamos cada vez mayores de una sociedad que sufre los efectos de las políticas neoliberales que le son dictadas desde el extranjero. El primer tema de la negociación, que se refería al México indígena, ha sido acompañado por un despertar de la conciencia de los pueblos indios, y en ese sentido el EZLN se considera solamente parte de este movimiento, de ninguna manera su cabeza o su vanguardia. Y si bien el EZLN es un ejército popular mayoritariamente indígena, y tiene además su propia concepción acerca de los temas de esta fase (autonomía, derechos, cuestión territorial, libre determinación, situación de la mujer, etcétera), no ha impuesto esta concepción ni en las mesas, ni a sus asesores e invitados, optando más bien por incluir el más amplio rango de demandas, algunas de ellas contrapuestas o en debate y construcción, y enfrentarlas a la delegación gubernamental. Es decir, para la sociedad mexicana en su conjunto, San Andrés se proyecta ya como el espacio del Diálogo Nacional, el foro tan anhelado de expresión en donde la sociedad mexicana construye un nuevo proyecto de nación.
A lo largo de la negociación, el EZLN ha estado recogiendo y consensando esta palabra diversa para comprometer al gobierno a resolver la problemática situación y la indigna miseria en la que subsisten los pueblos indios del país. En cuanto a la autonomía de éstos, que no ha sido aceptada en su totalidad por el gobierno federal, el EZLN la concibe en el contexto de una lucha nacional mucho más amplia y diversa, como parte de la autonomización de la sociedad civil en su conjunto. El EZLN tiene perfectamente claro que con la sola autonomía indígena no se va a derrotar al antiguo régimen, y que esto sólo será posible con la autonomía, y la independencia y libertad, de todo el pueblo mexicano. Con respecto a reformar el artículo 27, actualizándolo y recuperando el espíritu original de Emiliano Zapata, algo que ha sido rechazado por el gobierno, saben que esta reforma dependerá de la correlación de fuerzas y será una de las principales tareas constituyentes de un nuevo orden político y social.
Porque los zapatistas tienen perfectamente claras las enormes limitaciones que un régimen como el actual tiene, la capacidad limitada que impide que el gobierno tome en sus manos la solución de problemas que escapan ya a sus posibilidades de gestión y control. Consideran también que el escenario de la negociación se mueve en una casi total incertidumbre y que están sentados a la mesa con un gobierno que representa la fase terminal de un antiguo régimen, de un sistema de partido de Estado corrupto y criminal que pretende perpetuarse por todos los medios, o alternar el poder con las fuerzas de la derecha, conforme al esquema bipartidista que le es recomendado desde los Estados Unidos. Dentro de ese escenario, la lucha zapatista ha significado, desde 1994, un obstáculo para quienes habían decidido ya la entrega de la patria a los intereses del dinero, y con su presencia y su constante iniciativa política, ha cambiado radicalmente el ordenamiento de todas las fuerzas políticas y sociales que se mueven en el país. Factor de cambio y de esperanza, en particular para los más pobres y los más pequeños, el EZLN ha decidido convertirse en impulsor de una transformación radical de todas las relaciones sociales.
Porque el EZLN intenta cambiar desde abajo la configuración general del sistema, las bases más profundas de su reproducción, propiciando, junto con muchas otras fuerzas que luchan en el mismo sentido, la sustitución del sistema de partido de Estado por un orden político y social basado en la democracia, en donde quienes manden, manden obedeciendo, en donde se restituya el Estado de derecho y la vigencia de la ley.
Los zapatistas pretenden también, y lo han repetido desde su aparición pública en 1994, recuperar los intereses supremos de la nación y la legitimidad que ha sido disminuida por el autoritarismo gubernamental, sentando las bases para la elaboración consensada de un nuevo constituyente, de un orden legal reforzado en la democracia más amplia y representativa posible: de allí que la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, emitida el primero de enero de 1996, proponga la creación de una fuerza política con otra noción del poder y del ejercicio de lo público, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que enfrente organizadamente la caída de un orden que se precipita aceleradamente hacia su disolución.
Esta primera fase de la negociación se inscribe así dentro de una concepción nacional de la problemática del país, con la conciencia plena de poder incluso propiciar la sustitución mundial del actual desorden económico neoliberal que pone en peligro a la humanidad. San Andrés tiene allí su propia dimensión como punto de arranque, de ninguna manera como punto final o meta definitiva. San Andrés es el espacio de una estrategia más amplia de transformación profunda de las relaciones entre los mexicanos. La conclusión de la actual fase es sólo el punto y seguido de una lucha creciente en donde los actores principales no están directamente sentados a la mesa, sino latiendo al unísono de una negociación que el EZLN ha convertido en un diálogo de nuevo tipo, apoyado en sectores diversos del espectro social, que reflejan la riqueza y variedad de la sociedad civil mexicana.
Al concluir los trabajos de la mesa de Derechos y Cultura Indígena, es necesario valorar el desarrollo del diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, bajo el imperativo de evitar los obstáculos que han hecho difíciles los trabajos de la negociación y han limitado los alcances de los acuerdos.
El nuevo diálogo, entablado gracias a la movilización de la sociedad civil, debe tener como objetivo la formulación de un nuevo marco jurídico y la definición de políticas que satisfagan las legítimas causas del alzamiento. Esto obliga a las partes a acudir con una abierta disposición a la solución de los problemas profundos que se discuten, en beneficio de todos los pueblos indígenas de México y, en general, de la sociedad nacional que aspira a una existencia democrática.
No obstante, las esperanzas en el logro de una solución justa y legítima han menguado en varios momentos importantes del proceso, debido a reiteradas actitudes y acciones gubernamentales que han hecho ardua la negociación.
Durante todo el proceso de diálogo, el gobierno ha mantenido e incrementado la presencia militar en la zona del conflicto, y ha dirigido sus fuerzas armadas contra la población indígena, en una estrategia de guerra de baja intensidad que ya ha sido debidamente denunciada por amplios sectores de la sociedad civil nacional e internacional. Pero no sólo esto: los representantes gubernamentales han mantenido durante las negociaciones una serie de actitudes racistas y muchas veces insultantes frente a la delegación zapatista, han variado no pocas veces sus posiciones y han querido burlarse de la inteligencia de su contraparte dialogante. El gobierno federal, temiendo la obligación de cumplir sus propias leyes, ha violado la Ley de Concordia y Pacificación por una Paz Digna, y ha restringido las garantías constitucionales de los integrantes del EZLN, especialmente la garantía de libre tránsito.
Los problemas de la negociación para una paz digna en Chiapas se iniciaron en San Miguel, cuando la parte gubernamental asumió una actitud soberbia y prepotente frente a la delegación zapatista. Ya en la primera fase de la mesa sobre Derechos y Cultura Indígena, la delegación gubernamental pretendió imprimir el más bajo nivel posible al diálogo entre las partes, así como reducir el debate al ámbito chiapaneco. El EZLN, por su parte, integró entre sus asesores e invitados a dirigentes y miembros activos del movimiento indígena nacional y de Chiapas, así como a intelectuales, académicos y participantes reconocidos de instituciones ligadas al medio indígena y de medios de comunicación. El resultado fue significativo: la calidad de las intervenciones estuvo del lado zapatista de la mesa, pero no sólo esto: una buena parte de los indígenas que fueron invitados del gobierno, así como algunos de sus asesores e invitados, reconocieron que tal debate era posible sólo por lo que había sido y representado el amanecer zapatista de 1994. Roto este dique, la estrategia gubernamental se vino abajo en esta primera fase, obteniéndose resultados positivos que dieron razones al optimismo.
La segunda fase de la mesa sobre Derechos y Cultura Indígena no tuvo, sin embargo, el sentido que habían marcado los resultados de la primera. El problema provino de nueva cuenta del lado gubernamental: desconociendo consensos anteriores, pretendió burlarse de los zapatistas, así como de los pueblos indios y de los amplios sectores de la sociedad mexicana que estaban atentos a los resultados del proceso, al ubicar los ejes del debate en los planos locales y en la lógica del asistencialismo. Negó el anterior consenso respecto a la recuperación del espíritu original del artículo 27 constitucional y el rechazo a las políticas neoliberales. Llegó a la vez con la pretensión de reducir aún más el nivel de los debates, al identificar, por ejemplo, pueblo con poblado, y al rechazar conceptos claves como el de la libre determinación.
Entre las fases dos y tres, es decir, entre noviembre de 1995 y enero de 1996, el gobierno reafirmó su esquema de participación en el diálogo con la nueva idea de «achicar» al zapatismo y a los que entonces consideraron sus aliados. El «achicamiento» al que se referían en aquellos momentos los delegados gubernamentales no era, por desgracia, sólo el que iba en el sentido de limitar al extremo los contenidos del diálogo, sino también el que se dirigía a mantener lo militar y el cerco político como ejes articuladores de la estrategia. Fue entonces, también, cuando los delegados gubernamentales plantearon que el EZLN no tenía ideas ni propuestas definidas en el proceso de diálogo y negociación.
Ya para entonces era evidente, por lo demás, que había una absoluta desproporción en el uso de los medios de comunicación, sin contar con el hecho de que éstos fueron sistemáticamente utilizados por los representantes del gobierno para tergiversar ideas y propuestas de los zapatistas, para desinformar o para magnificar las posiciones oficiales. Con todo, el interés de la mayoría de, la población por el proceso fue de tal extensión e intensidad que todo el tiempo rebasó el cerco informativo, y abrió su corazón y oídos al mensaje cotidiano de los delegados del EZLN y su cuerpo de asesores.
Así como la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia de agosto de 1995 obligó al gobierno a dar un curso nuevo a las negociaciones, fue el Foro Nacional Indígena de la primera semana de enero del 96 lo que llevó a dar un nuevo giro a la fase 3 de la mesa 1, después del cerco y de lo que puede considerarse literalmente como una agresión del ejército contra la población de Oventic y La Realidad a finales de diciembre. El peso que el Foro Nacional Indígena tuvo en esta última fase del diálogo fue, por lo demás, de una importancia mayúscula, pues representó el paso más significativo que, en el terreno de la organización y de la definición programática, ha dado el movimiento indio nacional en las últimas décadas.
Con todo y que el gobierno mantuvo la estrategia señalada, la fase 3 recuperó finalmente la idea que había normado la propuesta zapatista desde la instalación de la mesa: que ésta tenía dimensión y alcance nacionales. Pero no sólo eso: el movimiento indígena del país, expresado en el Foro Nacional de enero de 1996, abrió líneas de definición que se plasmaron en los tres documentos que fueron el producto final de la mesa.
III. LA LUCHA POR LOS DERECHOS INDÍGENAS SIGUE
Pronunciamiento:
El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los asesores del EZLN, de acuerdo con el punto 1.5 de las reglas de procedimiento, hacemos el siguiente pronunciamiento sobre los documentos de acuerdos mínimos de San Andrés:
Las demandas fundamentales de los pueblos indígenas no han sido satisfechas del todo en la actual fase de negociación. Por lo tanto, pese a que suscribimos los acuerdos y compromisos mínimos a que hemos podido llegar con el supremo gobierno en esta primera mesa de negociación sobre Derechos y Cultura Indígena, manifestamos que continuaremos nuestra lucha para conseguir su plena satisfacción: apelamos a una movilización más amplia de la sociedad civil en general, las organizaciones sociales y los sectores representativos del movimiento indígena.
En particular, impulsaremos las exigencias y demandas que reflejan el consenso de los pueblos indígenas expresado en el Foro Nacional Indígena, celebrado del 3 al 8 de enero de 1996 en San Cristóbal de Las Casas; en las fases 1 y 2 de la mesa sobre Derechos y Cultura Indígena de San Andrés Sacamch’en de los Pobres y atendiendo a los Resultados de la consulta a las bases zapatistas sobre la mesa 1 de Derechos y Cultura Indígena, del mes de febrero de 1996. Buscaremos una participación política cada vez mayor, desde abajo, que no se limite a lo electoral, que haga posible revertir la actual correlación de fuerzas.
Hay algunas omisiones que queremos resaltar.
Para la solución del grave problema agrario nacional es necesaria la reforma del artículo 27 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo debe retomar el espíritu de la lucha de Emiliano Zapata resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y tierra y libertad.
Esta reforma deberá contener las recomendaciones elaboradas por nuestra delegación a lo largo de la segunda fase de la negociación. Deberá garantizar la integridad territorial de los pueblos indios, entendiendo por territorio la totalidad del hábitat en que se encuentran asentados. La integridad de las tierras ejidales y comunales. La incorporación de las normas del convenio 169 de la OIT en la legislación agraria. El acceso a la tierra a mujeres y hombres que carezcan de ella, a través de la dotación y ampliación. El fraccionamiento de latifundios para satisfacer las necesidades agrarias y la prohibición a las sociedades mercantiles y a los bancos para que sean propietarios de tierra.
En los documentos de acuerdos y compromisos mínimos entre el EZLN y el gobierno federal no se reconocen tampoco las autonomías municipales y regionales. No basta que las comunidades indígenas se asocien en municipios y éstos lo hagan para coordinar sus acciones. Se necesitan instancias autónomas que, sin ser exclusivamente indígenas, formen parte de la estructura del Estado y rompan con el centralismo.
El reclamo de autonomía de los pueblos indígenas de México, como régimen que incluye simultáneamente los niveles de la autonomía comunal, municipal y regional, se expresó tanto en las fases 1 y 2 de la mesa de Diálogo de San Andrés Sacamch’en de los Pobres, como en el Foro Nacional Indígena.
Esta autonomía debe incluir el reconocimiento del territorio de los pueblos indígenas y el establecimiento de gobiernos propios, para que los pueblos decidan sobre su economía, la administración de justicia y el control de su seguridad interna, definan su régimen agrario y solucionen sus conflictos en sus propios términos.
La autonomía implica también reconocer el derecho indígena, en un régimen jurídicamente pluralista, donde convivan las normas aplicables a todos los mexicanos y aquellas que se apliquen en la jurisdicción de las instancias autónomas. Es decir, hace falta redistribuir competencias en todos los órdenes, en especial en lo político.
Sin embargo, la autonomía no implica que el Estado deje de tener responsabilidad para con estas instancias, que tendrán derecho a fondos públicos de compensación y a otros que correspondan a los pueblos indígenas, a fin de ser ejercidos conforme a sus planes y estructura de gobierno. Este régimen de autonomía implica reformas constitucionales de, al menos, los siguientes artículos: 3º., 43, 73, 115 y 116.
Otra omisión grave es el problema de la justicia: es necesario transformar profundamente el sistema actual para que se garantice la vigencia de los derechos y garantías no sólo individuales, sino también colectivos, de los pueblos indígenas. Los pueblos indios deben ejercer un gobierno propio porque sólo así podrán tener plena jurisdicción sobre sus territorios y sólo así podrán impartir justicia fundada en sus sistemas jurídicos. Esto conformará un sistema de pluralismo jurídico.
La lucha contra la desigualdad ha de ser el eje de la nueva política cultural para que puedan florecer y perdurar todas las culturas nacionales en el reconocimiento de que tienen matriz propia. Esto permitirá, entre otras cosas, prevenir cualquier forma de racismo y en particular los efectos perniciosos del etnicismo.
Se debe reconocer el derecho de los pueblos indígenas a acceder a los medios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión) públicos, concesionados y privados. Para ello se debe fijar un porcentaje de espacio en estos medios para uso de los pueblos indígenas y deberá corresponder a ellos decidir sobre los contenidos, uso, manejo, administración y aprovechamiento de estos espacios.
El Estado deberá garantizar a los pueblos indígenas el uso de canales para transmisión y recepción vía satélite de datos, voz e imagen, así como los medios necesarios para alcanzar este fin.
Por la triple opresión que padecen las mujeres indígenas (por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres), exigen la construcción de una nueva sociedad nacional con otro modelo económico, político, social y cultural que incluya a todas y todos los mexicanos.
Entre los recursos públicos que les corresponden a los pueblos indígenas deberá haber una asignación especial para las mujeres, administrada y manejada por ellas. Esto les dará la capacidad económica para que por sí mismas emprendan sus proyectos productivos, garanticen el agua potable y comida suficiente para todos, protejan la salud y mejoren la vivienda.
En todas las reformas de la Constitución que se hagan deberá incluirse explícitamente a las mujeres, eliminando el sesgo discriminatorio en contra de ellas.
Exigimos que, de acuerdo con los convenios internacionales, ratificados en la Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, las violaciones perpetradas en zona de conflicto sean consideradas crímenes de guerra y como tales sean castigadas.
Las mujeres exigen también una redistribución del gasto público, transfiriendo lo que ahora son erogaciones militares hacia programas de salud y educación.
Las mujeres deberán tener participación plena en todos los ámbitos de la autonomía sin que ninguna condición interna o externa las limite.
Al fin de la fase actual del diálogo, consideramos que sólo la más amplia movilización social podrá darle cuerpo a estas demandas fundamentales. Eso se logrará solamente impulsando la organización independiente, que surge como una de las tareas del Foro Nacional Indígena, que debe extenderse hacia todas las regiones del país.
Hermanos:
Un sistema político injusto y criminal, el sistema político mexicano, obligó a un grupo de ciudadanos, mayoritariamente indígenas, a empuñar las armas para hacerse oír y para llamar la atención sobre los graves problemas de los pueblos indígenas de México. La vía política para el diálogo y la solución de las principales demandas del pueblo mexicano no vendrán del supremo gobierno, sino de la sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas independientes. La paz nueva, la que necesitamos los mexicanos, la que merecemos, vendrá de nosotros mismos, de nuestro empeño, de nuestra esperanza.
El Diálogo de San Andrés cumple una etapa. La lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas sigue. Su camino irá junto a otros caminos, junto a otros mexicanos que tienen las mismas banderas, las de la democracia, la libertad y la justicia, y un pensamiento, el de la liberación nacional.
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
Desde las montañas del Sureste mexicano
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Por el comité de asesores del EZLN por una paz justa y digna (Rúbricas)
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A 25 años de los acuerdos, apenas esta entrando en algunos de nosotros, ciudadanos originarios, la importancia de su contenido. Saludos desde Taxhimay hermanos zapatistas. Cada día somos mas quienes coincidimos con sus objetivos de lucha. Estámos
Comentario de Miguel Angel perez gante — febrero 18, 2021 @ 9:06 pm