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El EZLN presenta públicamente el documento que contiene los puntos principales de la posición que los delegados zapatistas llevarán a la primera sesión de la Convención Nacional Democrática

A los mexicanos que participarán en la primera sesión de la CND:

Al pueblo de México:

A los pueblos y gobiernos del mundo:

Hermanos:

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de acuerdo con su política de dar a conocer claramente sus posiciones al pueblo mexicano, presenta públicamente el documento que contiene los puntos principales de la posición que los delegados zapatistas llevarán a la primera sesión de la Convención Nacional Democrática, a realizarse del 6 al 9 de agosto de 1994 en Chiapas, México.

Invitamos respetuosamente a los mexicanos y organizaciones de mexicanos que asistirán a la primera sesión de la CND para que analicen estas posiciones, las critiquen, enriquezcan, rechacen o, si están de acuerdo con todas ellas o con parte de ellas, las apoyen, junto al EZLN, en las mesas de discusión y en la plenaria de la CND.

 Por qué son necesarios, para el cambio democrático en México, un gobierno de transición y una nueva Constitución.

Porque estamos rompiendo con una dictadura, con un sistema político dictatorial definido por un partido de Estado y por el presidencialismo, un sistema político que basa su poder en la usurpación de la voluntad popular y en la imposición de un proyecto económico que sacrifica a los sectores sociales más importantes del país, para beneficiar a un puñado de familias, entre las que se encuentran las familias de los gobernantes.

Porque, destruida esa dictadura, es necesario construir un nuevo espacio de relaciones políticas.

Porque este nuevo espacio de relaciones políticas debe tener como base la justicia, la garantía de las condiciones de vida digna para todos los mexicanos: techo, tierra, trabajo, alimentación, educación, salud, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Gobierno de transición

Un gobierno de transición democrática NO es un gobierno transitorio, NO es un gobierno temporal, NO es un gobierno interino, NO es un gobierno de excepción.

Un gobierno de transición democrática es un gobierno con un programa político de democratización de la vida política del país. Un gobierno que se comprometa a abrir todos los espacios de participación política legal y pacífica para que las distintas fuerzas políticas, partidarias o no, puedan manifestarse, presentar sus propuestas a la sociedad y competir, en igualdad de circunstancias, por el apoyo popular. Con un gobierno de transición, la participación política no se limitará al aspecto electoral. Porque existen, en nuestro país, realidades que no tienen figura legal para reconocer su derecho de existencia. Realidades como las formas de autogobierno en las comunidades indígenas, como la creciente participación política de grupos no partidarios, como la necesidad de consultar en toda la sociedad decisiones que atañen a los intereses de la nación, como el trabajo de partidos y organizaciones políticas que no cuentan con registro legal porque su existencia legal se limita por resultados electorales fraudulentos.

Un gobierno de transición democrática es un gobierno con un programa político que rompa con el sistema político de partido de Estado y con el presidencialismo. Un gobierno que se comprometa a romper con el maridaje entre gobierno y partido, y que fortalezca los otros poderes de la Unión de modo que el Poder Ejecutivo cumpla, exclusivamente, su función ejecutiva de hacer que se cumplan las leyes y disposiciones que emanen de un Poder Legislativo producto de la voluntad popular.

Un gobierno de transición democrática es un gobierno que permite, mediante disposiciones gubernamentales, el tránsito de un sistema autoritario y corrupto a un sistema basado en una nueva cultura política. En un gobierno de transición democrática se abre el espacio para la manifestación de TODAS las corrientes políticas.

Un gobierno de transición democrática es un gobierno que rompe con la dictadura del partido de Estado y el presidencialismo y sienta las bases DEMOCRÁTICAS para un nuevo sistema político.

La Convención Nacional Democrática debe pronunciarse por un programa de lucha, el programa de la Convención. Un programa que, en su aspecto político exija un gobierno de transición democrática.

Congreso constituyente

1. La legalidad actual es insuficiente para incorporar y encauzar las demandas populares de Democracia, Libertad y Justicia. Las últimas reformas a la Carta Magna no son meras adecuaciones sexenales, constituyen una verdadera CONTRARREFORMA constitucional. Como resultado, la Constitución vigente en 1994 ha perdido ya el espíritu social de la de 1917 y es, además, incapaz de contener las nuevas realidades que se presentan en la vida política de México.

2. Es necesario un Congreso Constituyente que analice la actual ley suprema de la nación bajo la luz de las demandas sociales del pueblo mexicano y de las diversas formas de participación ciudadana que, ante el autoritarismo gubernamental, se han desarrollado.

3. El Congreso Constituyente deberá tener representatividad de todas las entidades federativas, de la totalidad de los municipios, de las comunidades indígenas, de las diversas organizaciones sociales y ciudadanas, de las distintas organizaciones políticas nacionales, regionales y locales; sociales, técnicos y jurídicos deben tener su lugar en el Congreso Constituyente.

4. La Convención Nacional Democrática NO es el Congreso Constituyente. La Convención Nacional Democrática se pronuncia porque se convoque a un Congreso Constituyente plural, representativo, nacional y popular.

La Convención Nacional Democrática debe pronunciarse por un programa de lucha, el programa de la Convención. Un programa que, en su aspecto jurídico, exija la convocatoria a un Congreso Constituyente.

Nueva Constitución

1. Es necesario revisar nuestra actual Carta Magna. No tiene, ya, los principios esenciales que animaron al Constituyente en 1917.

2. Es necesaria una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, con base en los principios de la Constitución del 17, vuelva a incorporar, con las mejoras que nuestra realidad demanda, los derechos políticos y sociales que el neoliberalismo ha eliminado. Más allá, la nueva Carta Magna y el cuerpo de leyes del país deben incorporar a la legalidad las nuevas realidades como el plebiscito, el referéndum popular, la autonomía de las comunidades indígenas, los derechos políticos de grupos no partidarios de ciudadanos, el derecho de actividad política de organizaciones políticas regionales, locales o nacionales pequeñas, la aplicación de la justicia para sancionar conductas delictuosas de funcionarios públicos.

3. La nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deberá incorporar las demandas populares y el derecho de los mexicanos todos a luchar por su satisfacción. El derecho a una vivienda digna, a la tierra y a los medios necesarios para hacerla producir, a un trabajo digno y un salario justo, a una buena alimentación, a una atención médica eficiente y gratuita, a una cultura democrática y popular, a la independencia nacional para decidir, sin injerencia extranjera alguna, los destinos del país, a la aplicación de la justicia en condiciones de igualdad, legalidad y con pleno respeto a los derechos humanos, a la libertad para expresarse y manifestarse en lo político, lo social y lo ideológico, a la democracia para elegir, o destituir, una forma de gobierno y a los funcionarios públicos de ese gobierno, a una paz con justicia y dignidad.

La CND deberá pronunciarse por un programa de lucha, el programa de la Convención, un programa que, en su aspecto legal, exija una nueva Constitución que retome los principios esenciales de la Constitución de 1917, (que) reconozca las nuevas realidades mexicanas e incorpore el derecho de los mexicanos a techo, tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, libertad, justicia y paz.

Vías pacíficas del tránsito a la democracia, elecciones, resistencia civil y defensa de la voluntad popular.

1. La lucha por la transición democrática incluye la lucha electoral.

2. En el proceso electoral próximo se debe exigir a las autoridades y a las organizaciones políticas elecciones limpias, libres y pacíficas.

3. Todos los ciudadanos deben ejercer su derecho al voto libre, directo, secreto y pacífico. Los ciudadanos deben participar soberanamente en el proceso electoral, exigiendo el pleno respeto al libre ejercicio del voto y poniendo en acción, antes, durante y después de la jornada electoral, todos los recursos para hacer valer el ejercicio de ese derecho.

4. Todos los órganos de autoridad deben respetar la libertad, la legalidad, el secreto y la imparcialidad del proceso y deben abstenerse de cualquier actividad que, directa o indirectamente impida la limpieza, legalidad y objetividad de las elecciones.

5. Todos los órganos electorales, partidos políticos, observadores nacionales y extranjeros y ciudadanos tienen la obligación de participar en las elecciones con apego a la ley y respetando la voluntad popular expresada libremente.

6. La falta de unas elecciones democráticas, limpias, legales, imparciales y confiables significa una amenaza a la paz.

7. El principal obstáculo para la democracia en México lo constituye el binomio partido de Estado-presidencialismo. El sistema político mexicano, basado en esta antidemocracia, es incapaz de sobrevivir y garantizar la estabilidad de la nación.

La lucha por la democracia en México reviste, en su forma electoral, la forma del voto contra el partido de Estado. Luchar electoralmente por la democracia en México significa votar en contra de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y sus equivalentes.

8. La lucha por la Democracia, la Libertad y la Justicia en México no se inicia ni se acaba en las elecciones. La lucha electoral es sólo un aspecto de la lucha por la democracia. El fortalecimiento de las organizaciones independientes, la lucha por las demandas sociales, por los derechos ciudadanos, la defensa de las conquistas populares, no se agotan ni satisfacen con la lucha electoral ni la defensa de la voluntad popular es sólo la defensa del voto.

9. La RESISTENCIA CIVIL no es llevar adelante a un gobernante o a un gobierno, sea mediante el voto, sea mediante la defensa del voto por esa opción. La resistencia civil es la legítima defensa de la voluntad popular frente al autoritarismo gubernamental. La resistencia civil se convierte en insurgencia civil cuando se lleva adelante la lucha, por todos los medios posibles, por el cumplimiento de los derechos y la satisfacción de las demandas populares. La lucha electoral es sólo un momento de la insurgencia civil, la defensa del voto es sólo un momento de la defensa de la voluntad popular. La INSURGENCIA CIVIL es la movilización en torno a un programa popular y revolucionario que rebasa a un programa de gobierno. El problema de la INSURGENCIA CIVIL no es quién está en el gobierno, sino cómo garantizar que el que mande, mande obedeciendo.

La Convención Nacional Democrática deberá pronunciarse por un programa de lucha, el programa de la Convención, un programa que, en su aspecto preelectoral, llame a ejercer el derecho al voto y a la vigilancia del ejercicio libre y democrático de este derecho. Un programa que, en su aspecto electoral, llame a votar en contra del sistema de partido de Estado y a favor del programa de la Convención, un programa que, en su aspecto poselectoral, llame a la movilización civil y pacífica para la defensa de la voluntad popular. Un programa que, en su aspecto revolucionario, incluya un plan de acción para luchar por el cumplimiento de los acuerdos de la Convención más allá del proceso electoral.

Esta es nuestra palabra que hablará en la Convención Nacional Democrática. Es nuestro pensamiento, no es el único ni el único verdadero. Puede y debe confrontarse. Lo haremos con respeto y tolerancia.

¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia!

Desde las montañas del sureste mexicano

C C R I – C G  del  E Z L N

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